Desde junio de 2026 rige en Chile una nueva forma de calcular el pago mínimo exigible en las tarjetas de crédito. La medida, establecida por la Norma de Carácter General N°537 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), emitida en el marco de la Ley N°21.673, impone que ese pago mensual incluya al menos el 5% del capital adeudado, más los intereses, comisiones y seguros del período.
En términos simples, el mínimo que hoy muchos bancos y casas comerciales fijan libremente, y que en varios casos apenas cubre los intereses del mes, pasa a tener un piso calculado sobre el saldo real de la deuda.
Frente a este cambio, es importante analizar cómo impactará a las familias chilenas en un contexto económico complejo. Según estimaciones de la propia CMF, una persona que amortiza solo el 1% de su saldo mensual puede tardar hasta 15 años en saldar su deuda. Con el nuevo esquema, ese plazo bajaría a cinco años, lo que significa menos intereses acumulados y una reducción efectiva de la deuda con cada pago.
Desde esa perspectiva, la norma representa un avance concreto en materia de protección al consumidor financiero y, sin duda, constituye una modificación de alto impacto.
Otro cambio relevante tiene relación con las compras en cuotas sin interés. Hasta ahora, era habitual que el pago mínimo no exigiera cubrir completamente esas cuotas mensuales, generando la paradoja de que compras aparentemente gratuitas terminaran financiándose con los intereses del saldo rotativo.
La nueva normativa incorporará esas cuotas gradualmente al monto no financiable, en tramos de 25% cada seis meses, hasta alcanzar el 100% en un plazo de dos años. Se trata de una implementación escalonada y razonable, aunque igualmente implicará un ajuste progresivo para muchos hogares.
Aquí comienza la parte más compleja del análisis. En mi opinión, esta norma llega en un momento económico delicado para numerosas familias chilenas. El reciente aumento de los combustibles, que impacta directamente el costo del transporte y de la canasta básica, se suma a una inflación que, aunque más moderada que en años anteriores, continúa presionando los presupuestos familiares.
En este escenario, no resulta difícil encontrar hogares donde la tarjeta de crédito cumple un rol que no debería tener: financiar gastos corrientes cuando los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas o enfrentar imprevistos.
Para estas familias, elevar el pago mínimo no solo constituye una señal de buena regulación financiera, sino que también implica un desembolso mensual mayor que antes no existía y que ahora deberá ser absorbido dentro de presupuestos ya tensionados.
No obstante, la norma contempla una válvula de alivio. Las instituciones financieras podrán eximir a los deudores de hasta dos meses consecutivos de pago mínimo, siempre que la deuda sea reestructurada en un plazo máximo de 24 meses.
Si bien esta alternativa puede entregar cierto respiro financiero, es importante entender que se trata de una solución temporal que no aborda el problema estructural del sobreendeudamiento.
Desde mi perspectiva, la norma está correctamente orientada. El sobreendeudamiento asociado al uso de tarjetas de crédito es un problema real y persistente en Chile, y establecer mecanismos mínimos de amortización constituye una herramienta adecuada para enfrentarlo.
El diagnóstico es correcto. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá de factores que van más allá de la regulación financiera. Se requiere que las familias cuenten con ingresos suficientes para cumplir estos pagos sin recurrir a nuevos créditos y que la economía no siga empujando a los hogares hacia el endeudamiento como mecanismo de supervivencia.
De lo contrario, existe el riesgo de que la norma no reduzca realmente el endeudamiento, sino que simplemente lo desplace hacia otras formas de financiamiento potencialmente más costosas y menos reguladas.José Navarrete Oyarce
Director del Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
