Desde diciembre de 2026, almacenes, peluquerías, gimnasios, emprendimientos y profesionales independientes deberán revisar cómo recopilan, almacenan y utilizan los datos de sus clientes.
Guardar un número de teléfono en el celular, agendar una hora por WhatsApp, registrar clientes en una planilla Excel o anotar deudas en un cuaderno son prácticas habituales en miles de pequeños negocios. Sin embargo, estas acciones también implican el tratamiento de datos personales y deberán ajustarse a las nuevas exigencias de la Ley N° 21.719.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales comenzará a aplicar sus obligaciones desde el 1 de diciembre de 2026 y no afectará únicamente a las grandes compañías. También alcanzará a pymes, emprendimientos y profesionales independientes que manejen información como nombres, RUT, teléfonos, correos electrónicos o direcciones.
“Uno de los principales riesgos es creer que esta ley afecta solamente a las grandes empresas. Cualquier negocio o profesional que maneje datos personales deberá revisar cómo los obtiene, almacena, utiliza y protege”, explica Felipe Vial, cofundador de la plataforma Ley de Datos Fácil.
La normativa, además, amplía los derechos que las personas pueden ejercer sobre su información. Entre ellos se encuentran el acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales, conocidos como derechos ARCOP.
¿Por dónde deben comenzar las pymes?
El desafío para un pequeño negocio puede ser muy distinto al de una gran empresa. Mientras una compañía de mayor tamaño puede contar con abogados, especialistas tecnológicos y equipos de cumplimiento, para un almacén, una peluquería o un emprendimiento el primer paso puede ser mucho más sencillo: identificar qué datos tiene, dónde los guarda y para qué los utiliza.
“Muchas pymes manejan información de sus clientes todos los días, pero no necesariamente tienen identificado qué datos están recopilando, para qué los utilizan o cuánto tiempo deberían conservarlos. El primer paso es ordenar esa información y entender cuáles son las obligaciones que les corresponden”, señala Vial.
Por eso, una de las primeras tareas consiste en revisar los distintos lugares donde puede existir información personal. El teléfono celular, WhatsApp, correos electrónicos, cuadernos, archivos digitales y planillas Excel también forman parte de este mapa de datos.
A partir de ese diagnóstico, cada negocio puede determinar qué información necesita realmente, quiénes tienen acceso a ella, durante cuánto tiempo debe conservarla y qué medidas debe implementar para protegerla.
De la informalidad a procesos más ordenados
La adaptación a la nueva normativa también ha impulsado la aparición de herramientas destinadas a facilitar este proceso. Una de ellas es Ley de Datos Fácil, plataforma tecnológica chilena que permite diagnosticar el nivel de cumplimiento de una organización, detectar brechas y establecer un plan de acción.
La herramienta también permite generar documentación asociada a la normativa mediante inteligencia artificial, organizar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), gestionar solicitudes vinculadas a los derechos ARCOP y construir un Modelo de Prevención de Infracciones.
El objetivo es transformar una pregunta amplia, como “¿cómo cumplo con la ley?”, en un proceso concreto que permita identificar qué información maneja una empresa, cuáles son sus principales riesgos y qué medidas debe implementar.
Multas de hasta 20.000 UTM
El impacto de no adaptarse a la nueva legislación también puede ser relevante. La normativa contempla multas de hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas, mientras que en casos de reincidencia estas pueden llegar hasta 60.000 UTM.
La ley también contempla la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales, que tendrá facultades de fiscalización, investigación y sanción.
Para las pequeñas empresas, el desafío será avanzar desde una gestión muchas veces informal hacia procesos que permitan tener mayor control sobre la información. Esto implica saber qué datos tienen, para qué los utilizan, quién puede acceder a ellos y cómo los protegen.
“No se trata solamente de evitar una multa. También hay un desafío de confianza: los clientes esperan que sus datos sean tratados de manera responsable, incluso cuando se trata de un negocio pequeño”, afirma Vial.
Revisar los datos antes de diciembre
Ante la entrada en vigencia de la nueva normativa, el llamado a las pymes y profesionales independientes es no esperar hasta diciembre de 2026 para comenzar a revisar sus procesos.
Un primer ejercicio consiste en hacer un inventario de los datos personales que maneja el negocio y revisar cómo los obtiene, dónde los almacena, con qué finalidad los utiliza y quiénes pueden acceder a ellos.
Este diagnóstico permite detectar brechas y comenzar a implementar medidas antes de que la nueva legislación entre plenamente en aplicación.
Más información en Ley de Datos Fácil.
