El presidente del INJPL, Francisco Ríos, advirtió sobre el impacto que tendrá la nueva carga electoral en tribunales que enfrentan brechas de digitalización, personal y recursos. El gremio propone crear un registro especial de quienes no sufraguen y no paguen sus multas, junto con avanzar en una modernización integral de la justicia local.
Los Juzgados de Policía Local (JPL) del país se preparan para enfrentar nuevamente una fuerte carga de trabajo producto de las denuncias derivadas de los procesos electorales. El Servicio Electoral (Servel) informó que 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidencial y parlamentaria de 2025 serán denunciados ante estos tribunales, cifra que anticipa un nuevo desafío para la justicia local.
El presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL) y juez de Policía Local de Lampa, Francisco Ríos Laulié, explicó que el impacto debe analizarse considerando que estos tribunales no se dedican exclusivamente a materias electorales, sino que conocen una amplia variedad de infracciones y conflictos cotidianos.
“Los Juzgados de Policía Local estamos al límite, porque no solamente vemos causas del Servel. Tenemos competencia en más de 30 leyes y también debemos atender materias de copropiedad, alcoholes y protección al consumidor, entre muchas otras. Por eso, cuando llegan miles de denuncias electorales de una sola vez, debemos asumir esa carga adicional sin dejar de tramitar todas las demás causas que ingresan diariamente a los tribunales”, explicó Ríos.
El escenario no es nuevo. Tras el retorno del voto obligatorio, los JPL ya debieron enfrentar importantes volúmenes de denuncias electorales. Para el presidente del INJPL, la situación vuelve a evidenciar las diferencias existentes entre tribunales y las dificultades que enfrentan especialmente aquellos que todavía mantienen procedimientos físicos o cuentan con una dotación limitada.
Brechas de digitalización y recursos
Uno de los principales problemas, según Ríos, es la desigual realidad tecnológica de los tribunales. Mientras algunos cuentan con sistemas digitalizados, otros mantienen expedientes físicos y procesos manuales. En estos últimos, el ingreso de miles de denuncias puede significar registrar causas individual y posteriormente generar resoluciones, citaciones y notificaciones.
“El Servel puede enviar, por ejemplo, un pendrive con cinco mil denuncias, pero si el tribunal no está digitalizado, esas denuncias se transforman en cinco mil causas que deben ser ingresadas y tramitadas. Hay juzgados que cuentan con sistemas informáticos, pero eso no significa necesariamente que sus procesos estén digitalizados. Si, además, existen dotaciones reducidas para atender miles de causas, los tiempos de tramitación inevitablemente se ven afectados”, señaló.
A esa carga administrativa se suman los costos materiales asociados a la tramitación. Ríos explicó que en aquellos tribunales donde los procedimientos continúan desarrollándose principalmente en papel, una denuncia puede generar sucesivas resoluciones y comunicaciones, aumentando considerablemente las necesidades de insumos y recursos.
“Si tenemos cinco mil denunciados, son cinco mil causas sobre las cuales debemos dictar resoluciones. Eso requiere papel, tinta, equipos y funcionarios. Posteriormente hay que citar a los infractores y, al no existir un domicilio electrónico único para realizar estas comunicaciones, se deben despachar cartas certificadas. Si después se impone una multa, hay que volver a notificar. Son miles de actuaciones que requieren recursos para poder concretarse”, sostuvo el presidente del INJPL.
Ríos agregó que la situación no afecta de la misma forma a todas las comunas. Existen tribunales que han avanzado significativamente en sistemas electrónicos, mientras otros mantienen expedientes físicos y requieren soluciones que permitan disminuir esas diferencias.
Registro especial de no votantes
Frente a este escenario, el INJPL ha planteado discutir mecanismos que permitan otorgar mayor eficacia al cumplimiento de las sanciones y evitar que todo el peso administrativo recaiga sobre tribunales que simultáneamente deben resolver decenas de otras materias.
Entre las alternativas planteadas por el gremio de justicia local se encuentra la creación de un registro especial de personas que no votaron y que, una vez cumplido el procedimiento correspondiente, tampoco pagaron la multa impuesta. La propuesta considera debatir eventuales consecuencias administrativas que permitan reforzar el cumplimiento de la sanción.
“Proponemos crear un registro especial de aquellas personas que no votaron y que posteriormente tampoco pagaron la multa. Se podría discutir que esta situación tenga algún efecto al momento de realizar determinados trámites o acceder a ciertos beneficios del Estado. Las consecuencias específicas deben ser analizadas, pero creemos necesario contar con un mecanismo que permita hacer más efectivo el cumplimiento de las sanciones”, afirmó.
El magistrado sostuvo que el problema no termina cuando el tribunal dicta una resolución. La capacidad efectiva de ejecutar las sanciones también constituye, a su juicio, una parte relevante de la discusión sobre el voto obligatorio y el sistema utilizado para perseguir las infracciones.
“Todo el procedimiento comienza con una denuncia ante el Juzgado de Policía Local y posteriormente requiere resoluciones, citaciones, notificaciones y recursos humanos para su tramitación. Si finalmente no existe capacidad para hacer efectiva la sanción, estamos destinando una cantidad importante de recursos sin alcanzar necesariamente el objetivo perseguido. Por eso creemos necesario revisar el procedimiento y buscar mecanismos más eficientes”, agregó.
