Frente al aumento sostenido de asentamientos irregulares en bienes nacionales de uso público, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, presentó una propuesta legislativa que busca crear un nuevo delito para abordar la ocupación reiterada del espacio público mediante “rucos”. La iniciativa contempla herramientas sociales, administrativas y penales para enfrentar un fenómeno que, según el municipio, impacta directamente en la seguridad, la salubridad y la convivencia urbana.
La propuesta surge en medio del fuerte aumento de este tipo de ocupaciones en la comuna. Según cifras municipales, entre enero y abril de 2026 los asentamientos retirados en San Miguel pasaron de 255 a 682, lo que representa un incremento de 167% respecto del mismo período del año anterior. Asimismo, los reclamos vecinales asociados a “rucos” aumentaron desde 145 a 575 casos, equivalente a casi un 300% de alza.
Desde el municipio explicaron que estas ocupaciones suelen derivar en acumulación de basura, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, necesidades fisiológicas al aire libre y situaciones vinculadas a microtráfico, delitos y porte de armas hechizas.
“Estamos frente a un problema a nivel nacional. Hoy los municipios retiran asentamientos irregulares y, a las pocas horas o días, las personas vuelven a instalarse en el mismo lugar. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentarlo”, afirmó la alcaldesa Carol Bown.
El debate ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de personas en situación de calle. De acuerdo con el Censo 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen 21.750 personas en situación de calle, cifra que, según antecedentes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se ha duplicado en los últimos siete años.
Sistema gradual de intervención
La iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Miguel propone un mecanismo escalonado, donde la sanción penal operaría únicamente como última instancia. El modelo considera tres etapas sucesivas de intervención.
Primer evento
El municipio realizaría el retiro de la instalación irregular, ofrecería acceso formal a programas sociales y registraría el caso en un “Registro de Incivilidades”.
Segundo evento
Carabineros aplicaría una conducción administrativa especial por un máximo de doce horas, con participación de organismos sociales y de salud.
Tercer evento
La propuesta incorpora la creación del delito de “instalación reiterada”, mediante un nuevo artículo 458 ter al Código Penal. Esta medida solo podría aplicarse cuando exista una oferta social previa debidamente documentada.
La alcaldesa Carol Bown enfatizó que la propuesta “no busca criminalizar la pobreza”, sino equilibrar los derechos de las personas en situación de calle con el derecho de vecinos y familias a utilizar espacios públicos seguros.
“La respuesta no puede ser solamente social ni únicamente penal. Durante décadas el Estado ha actuado sin coordinación y sin herramientas efectivas. Esta propuesta busca combinar asistencia social, intervención institucional y responsabilidad jurídica en casos reiterados”, sostuvo la autoridad comunal.
Proyecto será presentado al Congreso
Desde la Municipalidad de San Miguel informaron que los equipos técnicos ya trabajan en la redacción definitiva del articulado legal y en coordinaciones con parlamentarios para impulsar la iniciativa en el Congreso Nacional.
Además, la propuesta será complementada con un proyecto de resolución dirigido al Ejecutivo, solicitando fortalecer el Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, ampliar los dispositivos de alojamiento de emergencia y reforzar la red de salud mental comunitaria.
