El menor de 12 años murió tras ser arrastrado por varios kilómetros al quedar atrapado en el cinturón de seguridad durante el robo del vehículo en que viajaba junto a su familia. Mientras cinco imputados permanecen en prisión preventiva por robo con homicidio, especialistas analizan si el caso podría activar beneficios económicos y laborales contemplados en la recientemente promulgada Ley Jacinta.
La brutal muerte del niño de 12 años ocurrida en la comuna de San Bernardo continúa estremeciendo al país, no solo por la extrema violencia del crimen, sino porque el caso podría transformarse en uno de los primeros grandes precedentes judiciales para interpretar el alcance real de la recientemente promulgada Ley Jacinta, normativa creada para fortalecer la protección de víctimas en hechos donde intervienen vehículos motorizados.
La tragedia ocurrió en la caletera de la Ruta 5 Sur, sector Catemito, cuando un grupo de delincuentes interceptó el automóvil en que viajaba el menor junto a su padre y una tía, protagonizando una violenta encerrona que terminaría convirtiéndose en un caso que hoy mantiene conmocionado al país entero.
Durante el asalto, ambos adultos lograron descender obligados por los antisociales. Sin embargo, el menor no alcanzó a soltarse del cinturón de seguridad y quedó atrapado parcialmente fuera del vehículo mientras la banda escapaba a toda velocidad. A pesar de los desesperados gritos de la familia y vecinos que advertían a los delincuentes que llevaban al niño colgando, los sujetos continuaron su huida, arrastrándolo por cerca de tres kilómetros.
El vehículo fue abandonado minutos más tarde en las cercanías de Villa Portales. Cuando llegaron equipos de emergencia y personal policial, el niño ya había fallecido producto de las graves lesiones provocadas durante el arrastre.
Con el paso de las horas, la investigación avanzó rápidamente. Carabineros y la policía civil lograron detener a los cinco presuntos responsables, varios de ellos menores de edad. Tras la audiencia de formalización, todos quedaron sujetos a prisión preventiva o internación provisoria, imputados por el delito de robo con homicidio.
La Fiscalía fue enfática en aclarar un punto central: no se trató de un accidente de tránsito convencional. Según el persecutor a cargo, existió dolo evidente, ya que los delincuentes continuaron escapando aun sabiendo que el menor permanecía atrapado y era arrastrado por el vehículo.
Beneficios de Ley Jacinta
Pero mientras avanza la investigación penal, el caso abrió una nueva discusión en el ámbito jurídico. Surge la interrogante sobre si la familia podría acceder a los beneficios contemplados en la denominada Ley Jacinta, legislación que comenzó a regir este año y que justamente busca entregar mayor protección económica y social a víctimas de hechos donde existe participación de vehículos motorizados.
La normativa, impulsada tras la muerte en 2022 de la pequeña Jacinta González Schnitzer, elevó de 300 a 600 UF la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), equivalentes hoy a cerca de 24 millones de pesos en caso de fallecimiento. La ley también incorporó un fuero laboral especial de un mes para padres, madres o cuidadores trabajadores que enfrenten la muerte de un hijo menor de edad, impidiendo eventuales despidos durante ese período de duelo.
Uno de los impulsores de esta legislación, Max Schnitzer, explicó que el espíritu de la norma siempre buscó ampliar el concepto tradicional de protección a las víctimas.
“Cuando una familia enfrenta una tragedia de esta magnitud no solo aparece un dolor imposible de explicar. También surgen gastos inmediatos, incertidumbre laboral, trámites y una sensación absoluta de desprotección. La Ley Jacinta nació precisamente para evitar que, además del sufrimiento, las familias deban enfrentar completamente solas todas esas consecuencias”, afirmó.
Sin embargo, el caso de San Bernardo abre una discusión jurídica inédita. Hay quienes sostienen que el SOAP sí debiera responder, porque recuerdan que la ley establece cobertura para fallecimientos o lesiones ocasionadas en hechos donde intervenga un vehículo motorizado, sin exigir determinar previamente responsabilidades penales, precisamente porque se trata de un seguro de carácter social pensado para proteger personas.
La abogada Liza Lucero, quien trabajó desde el inicio junto a Max Schnitzer en la redacción y desarrollo de la norma, sostiene que la interpretación legal debe centrarse en el mecanismo concreto que produjo la muerte.
“El elemento jurídico central es determinar cuál fue la causa directa del fallecimiento. Aquí no estamos frente a una lesión causada por arma de fuego o una agresión distinta. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el menor pierde la vida producto del arrastre generado por el desplazamiento del vehículo, y ese punto podría ser determinante al momento de analizar la eventual cobertura del SOAP”, explicó.
Desde el otro lado, una aseguradora eventualmente podría rechazar el pago argumentando que la causa principal del fallecimiento ocurrió en el contexto de un delito violento y no dentro de un accidente de tránsito tradicional, lo que abriría inevitablemente un debate judicial.
Sobre ese escenario, Lucero advierte que este caso podría marcar jurisprudencia futura en Chile. “Estamos frente a una situación jurídicamente compleja, precisamente porque confluyen dos elementos: un delito gravísimo y, al mismo tiempo, un vehículo como instrumento directo que genera el resultado fatal. Si existiera una negativa por parte de la aseguradora, perfectamente podría abrirse una discusión judicial que terminaría fijando uno de los primeros precedentes relevantes sobre cómo debe interpretarse la Ley Jacinta”, señaló.
Max Schnitzer agrega que precisamente tragedias como esta explican por qué fue necesario empujar cambios legales más amplios en materia de protección.
“Muchas veces cuando ocurre una tragedia la familia queda devastada emocionalmente, pero además aparecen costos funerarios, procesos administrativos, problemas laborales y una enorme incertidumbre económica. La ley intenta hacerse cargo, aunque sea mínimamente, de esa realidad que muchas veces permanece invisible”, concluyó.
