La nueva Ley N° 21.833 extiende el subsidio eléctrico hasta 2027, protege a personas electrodependientes y establece un pago gradual de deudas para evitar alzas bruscas en las cuentas de luz.
La Ley N° 21.833, conocida como “Ordenemos la Cuenta”, ya está vigente desde el 31 de julio de 2026 y establece nuevas medidas para proteger el presupuesto de las familias, ordenar las deudas acumuladas del sistema eléctrico y mejorar la calidad y resiliencia del suministro.
La normativa busca entregar mayor estabilidad a un sistema que arrastra deudas acumuladas desde 2019, evitando que estos compromisos se traduzcan en aumentos abruptos para los hogares.
Uno de sus principales objetivos es que las familias puedan enfrentar el costo de la energía con mayor certeza y tarifas más justas, mientras el sistema avanza hacia un servicio más seguro y estable.
Pago gradual para evitar alzas en las cuentas
Uno de los principales cambios que introduce la ley corresponde al tratamiento de la deuda asociada al Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024.
Para evitar que este compromiso genere un impacto inmediato en las cuentas de electricidad, la normativa establece un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035.
De esta manera, el pago de la deuda se distribuirá en el tiempo y no recaerá de manera abrupta sobre las familias.
La proyección para 2028 es especialmente relevante. Aunque ese año comenzará el pago de esta deuda, los usuarios podrían registrar una disminución neta de $8 por kilowatt-hora en sus cuentas, debido a que también finalizará otro cargo asociado a compromisos anteriores.
Subsidio eléctrico se extiende hasta 2027
La nueva legislación también incorpora medidas de protección para los hogares más vulnerables.
En concreto, el subsidio eléctrico se extenderá durante todo 2027 y continuará beneficiando al 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.
La medida busca contener el impacto del gasto energético en el presupuesto familiar y entregar mayor seguridad a quienes tienen menos capacidad para absorber eventuales aumentos en sus cuentas.
Mayor protección para personas electrodependientes
La ley también refuerza las medidas destinadas a las personas electrodependientes, quienes requieren suministro eléctrico permanente para mantener equipos necesarios para sus tratamientos médicos.
La normativa agiliza su inscripción en los registros oficiales mediante una comunicación directa entre los servicios de salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y las empresas distribuidoras.
Además, las personas electrodependientes tendrán prioridad en la asignación del subsidio eléctrico, que deberá considerar el consumo total asociado a los equipos necesarios para sus tratamientos.
Con estas medidas, la legislación busca reducir las barreras administrativas y garantizar una mayor protección para las familias que dependen de un suministro eléctrico continuo.
Más inversión y mejor respuesta ante cortes
La Ley “Ordenemos la Cuenta” también incorpora nuevas herramientas para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
El Estado podrá exigir planes de inversión en zonas críticas y adoptar medidas preventivas frente a riesgos que puedan afectar el suministro.
El objetivo es disminuir la duración y frecuencia de las interrupciones y fortalecer la capacidad del sistema para responder ante emergencias.
Actualmente, el promedio nacional alcanza 15,2 horas de interrupciones de suministro al año. La meta es reducir ese indicador hasta 4 horas anuales para 2035.
Al respecto, el seremi de Energía, Celso Quezada, destacó que la nueva normativa busca resolver las deudas acumuladas sin trasladar de manera inmediata sus costos a las familias.
“Como Gobierno y como Ministerio de Energía, nuestra prioridad absoluta es la seguridad y el presupuesto de las familias. Con la entrada en vigencia de la Ley ‘Ordenemos la Cuenta’, estamos resolviendo de manera responsable un problema heredado, evitando que las deudas acumuladas del sistema caigan de golpe sobre los hogares”.
La autoridad agregó que la legislación permitirá extender el subsidio hasta 2027, entregar prioridad a las personas electrodependientes y fortalecer las exigencias a las empresas frente a un mal servicio.
“Estamos trabajando para que en nuestra región la luz no falle y que, cuando lo haga, el sistema tenga la resiliencia necesaria para recuperarse rápido, pagando siempre un precio justo”, señaló.
Tres cifras para entender la nueva ley
$8 por kWh: es la disminución neta proyectada para las cuentas de electricidad en 2028.
4 horas al año: es la meta de interrupciones de suministro para 2035, frente a las 15,2 horas que registra actualmente el promedio nacional.
Diciembre de 2028: hasta esa fecha se congela el decreto de transmisión, con el objetivo de evitar que nuevos retrasos generen deudas adicionales que terminen impactando las cuentas de los usuarios.
Con estas medidas, la Ley “Ordenemos la Cuenta” busca ordenar las deudas del sistema eléctrico, proteger a los hogares más vulnerables y avanzar hacia un suministro más seguro y resiliente, evitando que los costos acumulados recaigan de manera abrupta sobre las familias.
