La regulación de la CMF establece nuevas exigencias para proteger bienes comunes y privadas, aumentando la transparencia en las pólizas.
Desde el 1 de junio de 2026 entró en vigencia la nueva regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que redefine cómo deben contratarse y administrarse los seguros de edificios, condominios y oficinas bajo la Ley de Copropiedad 21.442. La normativa introduce mayores exigencias de transparencia, delimita responsabilidades entre bienes comunes y unidades privadas, y establece nuevas reglas para garantizar la protección del patrimonio inmobiliario.
La medida tendrá un impacto directo en administradores, comités de administración y copropietarios, quienes deberán revisar sus pólizas para asegurar el cumplimiento de los nuevos estándares regulatorios.
Uno de los principales cambios establece que los bienes y espacios comunes deberán estar asegurados obligatoriamente por la comunidad, mientras que las unidades privadas, como departamentos u oficinas, deberán contar con seguros individuales o estar incorporadas en una póliza colectiva.
Además, las compañías aseguradoras deberán presentar la información de manera más clara y detallada, diferenciando explícitamente las coberturas destinadas a áreas comunes, unidades privadas y coberturas adicionales.
El objetivo es que los copropietarios comprendan con precisión qué riesgos están cubiertos, cuáles no y qué nivel de protección posee realmente el inmueble.
Bienes comunes: cobertura obligatoria para toda la comunidad
La nueva normativa reafirma que los bienes comunes deben permanecer asegurados en todo momento, ya que forman parte del patrimonio compartido de todos los copropietarios.
En consecuencia, aunque un propietario opte por contratar un seguro individual para su departamento u oficina y decida excluirse de una póliza colectiva, dicha exclusión solo podrá aplicarse a la cobertura de su unidad privada.
“Uno de los aspectos que genera más consultas es la posibilidad de excluirse de un seguro colectivo. Lo que establece la normativa es que los bienes comunes deben permanecer asegurados en todo momento y para toda la comunidad“, explica Claudia Escobar, gerente comercial de Seguros CCS.
Mayor protección para la continuidad operativa de los inmuebles
La regulación también busca resguardar el valor comercial de los activos inmobiliarios frente a eventuales siniestros.
Por ello, establece que, en caso de daños parciales en una unidad habitacional u oficina, las indemnizaciones deberán destinarse prioritariamente a la reparación del inmueble, favoreciendo la continuidad de uso y reduciendo impactos operacionales.
Asimismo, las pólizas comunitarias podrán ser utilizadas ante instituciones financieras como respaldo para créditos hipotecarios, siempre que sus coberturas sean equivalentes a las exigidas por los bancos.
Cumplir la norma no siempre significa estar completamente protegido
Si bien la regulación fija un estándar mínimo obligatorio, especialistas advierten que existen riesgos relevantes que no quedan cubiertos automáticamente.
“Cumplir con la normativa de la CMF garantiza una base de protección para la copropiedad, pero no necesariamente cubre todos los riesgos asociados a la operación diaria de un edificio“, señala Claudia Escobar.
Entre los riesgos que podrían requerir coberturas adicionales se encuentran:
- Interrupción de actividades o funcionamiento.
- Daños provocados por eventos naturales severos.
- Pérdidas asociadas a equipamiento tecnológico y sistemas comunes.
- Riesgos específicos según el tipo de inmueble y su actividad.
Por esta razón, los expertos recomiendan complementar las coberturas obligatorias con seguros adicionales que respondan a las características particulares de cada comunidad.
Llamado a revisar las pólizas vigentes
Ante la entrada en vigor de la nueva normativa, Seguros CCS llamó a administradores, comités y copropietarios a realizar una revisión exhaustiva de sus pólizas actuales, con el fin de verificar su adecuación a los nuevos requerimientos regulatorios y evaluar posibles brechas de protección.
La recomendación es actuar con anticipación para asegurar el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, fortalecer la protección financiera y operativa de edificios, condominios y oficinas frente a los riesgos que enfrentan actualmente las comunidades inmobiliarias.
