Nueva etapa de implementación de Ley Jacinta impulsa medidas concretas junto a Conaset y el sector salud, con foco en evitar la revictimización y asegurar apoyo real a familias afectadas por siniestros viales.
La implementación de la Ley Jacinta entra en una fase clave, marcada por acciones concretas para garantizar su impacto en víctimas de siniestros viales y sus familias. En coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y el sector salud, se avanza en protocolos más humanos, plazos claros para seguros y acompañamiento efectivo.
Protocolos con enfoque humano y respeto a las familias
Uno de los avances más relevantes es el diseño de un protocolo de cobranza hospitalaria con enfoque empático, especialmente en casos de fallecimiento de menores de edad. La iniciativa busca evitar la revictimización y asegurar un trato respetuoso en momentos de duelo.
Entre las medidas propuestas, destaca un plazo inicial de al menos 90 días antes de iniciar cualquier gestión de cobro, junto con capacitaciones a equipos de cobranza en contención emocional y trato adecuado.
Además, el primer contacto con las familias considerará un lenguaje empático, el reconocimiento de la pérdida y la entrega de información clara sobre la protección que otorga la ley, así como flexibilidad en el envío de cuentas según las preferencias de cada familia.
Este trabajo incorpora la experiencia de centros de salud que ya han avanzado en esta línea, con el objetivo de construir un protocolo realista, aplicable y alineado con la práctica clínica.
Pago de seguros en 7 días y mayor protección a víctimas
En paralelo, la implementación de la ley prioriza garantizar el pago de los seguros obligatorios en un plazo máximo de 7 días, compromiso asumido por las compañías y que actualmente se encuentra en seguimiento para asegurar su cumplimiento.
Alberto Escobar, director ejecutivo de Conaset, destacó el rol de la autoridad en esta etapa:
“Existe la mejor disposición por parte de nosotros como autoridad de sensibilizar y ampliar la resonancia de esta ley. Sabemos que aborda situaciones complejas, pero permitirá mejorar la calidad de vida, proteger a futuras víctimas y apoyar a las familias afectadas”.
Un cambio estructural en seguridad vial y protección social
La Ley Jacinta marca un punto de inflexión en el sistema, al duplicar las coberturas para víctimas de accidentes, incluyendo fallecidos y lesionados graves, y elevar los estándares de responsabilidad en la conducción.
Max Schnitzer, uno de los impulsores de la normativa, subrayó su alcance:
“La Ley Jacinta marca un avance concreto en cómo protegemos la vida en nuestras calles. No solo fortalece las coberturas, sino que también eleva los estándares de responsabilidad, permitiéndonos avanzar hacia un sistema más justo, exigente y seguro para todos”.
Trabajo colaborativo y proyección nacional
El proceso ha estado marcado por una alta colaboración entre autoridades, sector salud y actores involucrados, con una evaluación positiva de las instancias de trabajo. Este enfoque podría extenderse a otros contextos clínicos, más allá de menores de edad.
Asimismo, se abordó la necesidad de generar orientaciones para médicos en la evaluación de pacientes que solicitan licencias de conducir, especialmente en casos de enfermedades que puedan afectar sus capacidades, con el objetivo de establecer criterios claros a nivel nacional.
La implementación de la Ley Jacinta continuará avanzando con nuevas acciones, incluyendo la visibilización de casos reales y el fortalecimiento de sus protocolos, consolidando así una política pública centrada en la dignidad, la protección y el acompañamiento de las personas.
