Rocío Farías acusa a su hermano Luis Pedro Farías de administración desleal y sostiene que fue excluida de la gestión y del acceso a información del holding. La querella estima un eventual perjuicio patrimonial de al menos $173 mil millones.

Una disputa entre los herederos del Grupo Pullman Bus derivó en una querella criminal por el delito de administración desleal reiterada. La acción fue presentada por Rocío Farías Quevedo, heredera y coaccionista del holding, en contra de su hermano Luis Pedro Farías Quevedo, a quien acusa de haber ejercido la administración del grupo sin los contrapesos societarios correspondientes.

Según los antecedentes expuestos en la querella, la denunciante estima que las actuaciones cuestionadas habrían provocado un perjuicio patrimonial de al menos $173.000 millones, equivalentes a unos US$160 millones.

La investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fernando Donoso Rosselot, de la Fiscalía Centro Norte. La acción judicial es representada por los abogados Rebeca Zamora Picciani, Carlos Frías Tapia y Rodrigo Maldonado Santelices.

El origen del conflicto entre los herederos

El conflicto se habría profundizado tras la muerte del fundador de la compañía, Pedro Farías Soto, en agosto de 2021. De acuerdo con el relato de Rocío Farías, después del fallecimiento de su padre, su hermano Luis Pedro asumió de manera fáctica la presidencia del directorio y concentró la administración, representación y toma de decisiones estratégicas del grupo.

La querella sostiene que, desde entonces, Rocío Farías habría sido sistemáticamente apartada de la gestión, pese a ser heredera del 50% de la propiedad.

Entre los hechos denunciados se encuentra la paralización de juntas ordinarias de accionistas y sesiones de directorio. Según la querellante, esta situación le habría impedido ejercer sus derechos de fiscalización y acceder a información contable, financiera y tributaria de las sociedades que integran el holding.

El conflicto también llegó a los tribunales civiles. De acuerdo con la presentación judicial, el 2° Juzgado Civil de Santiago ordenó la exhibición de determinados documentos en el marco de una medida prejudicial. La querella sostiene que la administración encabezada por Luis Pedro Farías no habría comparecido ni entregado los antecedentes solicitados.

Rebeca Zamora, abogada de Rocío Farías, explica que la acción busca establecer eventuales responsabilidades penales.

“El objetivo de esta querella es perseguir la responsabilidad penal de Luis Pedro Farías, así como de cualquier otra persona que resulte responsable por la administración del Grupo”, señala.

La abogada agrega que, según los antecedentes reunidos por su representada, Rocío Farías habría sido excluida de la administración y privada de información relevante, incluso frente a requerimientos formales y órdenes judiciales de exhibición de documentos.

“La situación llegó a ser insostenible y, considerando los antecedentes a los que hemos tenido acceso, recurrir a la vía penal se hizo necesario”, afirma Zamora.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Frías sostiene que existen antecedentes que, a su juicio, requieren ser investigados. “Hay manejos oscuros, donde hay conflictos de intereses y falta de transparencia que podrían ser constitutivos de manejos reprochables, pero que finalmente el Ministerio Público tendrá que determinar”, indica.

Deudas y contingencias millonarias

La querella también describe una serie de contingencias laborales y financieras que afectarían al Grupo Pullman.

En materia laboral, los abogados de la querellante señalan que se acumularon deudas por cotizaciones previsionales de trabajadores. Estos antecedentes dieron origen, según la presentación, a querellas por apropiación indebida y demandas de unidad económica impulsadas por sindicatos.

La situación derivó además en un proceso de liquidación por más de $20 mil millones, de acuerdo con los antecedentes incluidos en la acción judicial.

A este escenario se suma el frente bancario. Según la querella, BancoEstado presentó una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Nova SpA, filial que tendría a su cargo activos inmobiliarios estratégicos del grupo, por el incumplimiento de pagarés vencidos desde agosto de 2023.

La acción buscaría cobrar más de $4.314 millones, además de intereses y costas.

Acusan presunto desvío de activos y negocios

Uno de los principales cuestionamientos planteados en la querella apunta a un eventual traspaso de activos y oportunidades comerciales hacia estructuras externas al grupo familiar.

La acción judicial señala que en agosto de 2025 se formalizó en el Diario Oficial la creación de Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada, empresa que, según la querellante, habría sido constituida por el gerente de operaciones del holding y una persona cercana a Luis Pedro Farías.

De acuerdo con la acusación, la sociedad tendría un giro comercial similar al del Grupo Pullman Bus y habría sido utilizada presuntamente para desviar clientes, contratos, rutas e información estratégica.

Estos antecedentes forman parte de los hechos que la querella solicita investigar y cuya eventual responsabilidad deberá determinar el Ministerio Público.

Pullman Cargo enfrenta proceso de liquidación

A las controversias societarias y financieras se suma la situación de Pullman Cargo, filial del grupo que enfrenta un proceso de liquidación solicitado por su sindicato de trabajadores.

Según los antecedentes entregados por la parte querellante, la solicitud se relaciona con el no pago de cotizaciones previsionales por más de $20 mil millones.

El jueves 10 de septiembre, por orden del 8° Juzgado Civil de Santiago, está previsto un procedimiento de incautación e inventario de bienes de la empresa en sus oficinas de calle San Borja 1251. En el mismo contexto, se solicitó información contable relacionada con los activos y pasivos de la compañía.

Para la defensa de Rocío Farías, este proceso constituye una de las consecuencias más graves de la falta de información que, según denuncia, habría experimentado durante los últimos años.

“Para Rocío, una de las consecuencias más graves de haber sido excluida de la administración y del acceso a información ha sido tener que enterarse por la prensa o mediante terceros de situaciones tan críticas como el proceso de liquidación que enfrenta Pullman Cargo”, explica Rodrigo Maldonado Santelices, abogado de la querellante.

El profesional agrega que su representada está preocupada por los efectos que la situación del grupo pueda tener sobre sus trabajadores y sobre la continuidad de una empresa que su padre construyó y desarrolló durante décadas.

La querella busca que el Ministerio Público investigue los hechos denunciados, determine eventuales responsabilidades y establezca si las actuaciones descritas configuran los delitos que se imputan.