La educación inclusiva busca que cada estudiante aprenda, participe y se desarrolle junto a sus pares, sin importar su origen, su lengua o su condición. No se trata de un programa ni de un apoyo aislado, sino de una forma de entender la escuela: un lugar donde las diferencias son parte natural del aprendizaje.
En Chile, este camino ha tenido hitos importantes. En los años noventa comenzó la integración escolar de estudiantes con discapacidad. Luego llegaron el Decreto 170, que dio forma a los Programas de Integración Escolar (PIE); la Ley de Inclusión Escolar y el Decreto 83 de diversificación de la enseñanza, ambos de 2015; y, más recientemente, la Ley 21.545, que resguarda los derechos de las personas autistas. Cada norma representa un paso en una larga travesía.
Ese mismo 2015, la comunidad internacional aprobó la Agenda 2030. Su cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Chile asumió ese compromiso, y las escuelas lo concretan cada día, muchas veces de manera silenciosa.
Los aportes están en el aula, en docentes que planifican pensando en todos, en equipos de aula que comparten saberes, en familias que participan y en comunidades que aprenden a convivir con la diferencia. Allí la política pública deja de ser un documento y se transforma en experiencia.
Las proyecciones abren nuevas preguntas. Fortalecer la formación inicial y continua del profesorado, consolidar el trabajo colaborativo, avanzar en accesibilidad y escuchar la voz de los propios estudiantes aparecen como desafíos que marcarán los próximos años.
Faltan pocos años para 2030. Quizás la pregunta no sea cuánto se ha avanzado en leyes y decretos, sino cuántos niños, niñas y jóvenes sienten hoy que la escuela fue pensada también para ellos.
Jessica Durán
Académica de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar.
