Un análisis de la Defensoría de la Niñez proyecta un fuerte aumento del uso de la privación de libertad tras las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y llama a focalizar las intervenciones en los casos de mayor gravedad y reiteración.

Un aumento de 206% en los casos sancionados con régimen cerrado es uno de los principales impactos que proyecta la Defensoría de la Niñez ante las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) que actualmente se discuten en el Congreso.

El dato forma parte del informe Hacia una justicia juvenil eficaz: impacto de la agenda legislativa reciente y alternativas de acción, elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez con la participación y revisión de académicos y especialistas en justicia juvenil.

El análisis advierte que los cambios propuestos podrían aumentar significativamente el uso de la privación de libertad y la internación provisoria. A juicio de la Defensoría, este escenario tendría efectos sobre la capacidad de los centros, el presupuesto estatal y, especialmente, sobre la efectividad del sistema para reducir la reincidencia.

Más adolescentes podrían ingresar a régimen cerrado

Una de las modificaciones analizadas, relacionada con las reglas para determinar las penas, tendría el mayor impacto. Según las proyecciones del informe, más de mil casos que actualmente reciben sanciones distintas al régimen cerrado podrían pasar a cumplir penas de privación de libertad total.

De acuerdo con la estimación, los casos sancionados con régimen cerrado podrían aumentar de 143 a 1.189 en un año, considerando los delitos contemplados en el proyecto.

Otra modificación, que restringe el uso de la Libertad Asistida Especial para sanciones de tres años o más, podría generar por sí sola un aumento de 61% en las sanciones privativas de libertad.

El informe también identifica propuestas que podrían extender la duración de las sanciones y aumentar el uso de la internación provisoria. En conjunto, estas medidas elevarían el gasto estatal destinado a la privación de libertad.

Sin embargo, la Defensoría plantea que el debate no debe centrarse únicamente en cuántas personas ingresarán a los centros o cuánto costará el sistema. La pregunta central es si estas medidas lograrán disminuir la reincidencia y prevenir nuevos delitos.

Más cárcel no significa menos reincidencia

La revisión de evidencia nacional e internacional incluida en el documento concluye que penas más severas o períodos más prolongados de privación de libertad no garantizan, por sí solos, una menor reincidencia.

Los antecedentes nacionales muestran diferencias relevantes según el tipo de sanción. Para 2020, la reincidencia a 12 meses alcanzó el 53% entre quienes estuvieron en régimen cerrado y el 48% en régimen semicerrado, mientras que llegó al 27% entre quienes cumplieron Libertad Asistida Especial.

Esta última modalidad también registra una mayor proporción de egresos satisfactorios que las sanciones privativas de libertad.

La evidencia revisada destaca que la calidad, pertinencia e intensidad de las intervenciones son factores determinantes para favorecer el desistimiento delictivo.

Por eso, el informe plantea que aumentar la privación de libertad sin fortalecer los programas de reinserción puede limitar la capacidad del sistema para evitar nuevos delitos.

La mayoría de los adolescentes no reincide

El análisis también pone el foco en un aspecto clave: la delincuencia adolescente no constituye un fenómeno homogéneo.

Según el Informe sobre Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para el período 2015-2025, más del 70% de los sujetos analizados no presenta reincidencia.

Para los 24 expertos y expertas que participaron en el análisis, este dato obliga a diferenciar las respuestas del Estado y evitar políticas generales que no consideren las distintas trayectorias delictivas.

Al mismo tiempo, el documento identifica cambios en los delitos cometidos por adolescentes. En los últimos años han disminuido proporcionalmente los robos y hurtos, mientras aumentan las lesiones, los delitos sexuales —con influencia de aquellos vinculados al entorno digital— y los delitos asociados a drogas.

También existe una preocupación creciente por los delitos relacionados con armas y el crimen organizado.

Intervenciones más intensivas para casos de mayor riesgo

Frente a este escenario, la Defensoría de la Niñez no plantea reducir la respuesta frente a los delitos graves. Su propuesta apunta a focalizar los recursos y las intervenciones más intensivas en adolescentes que presentan mayor gravedad, reiteración y complejidad.

Entre las recomendaciones se encuentra fortalecer la investigación y persecución penal de los delitos más graves, mediante estrategias de disuasión focalizada, patrullaje estratégico y seguimiento personalizado.

El documento también propone que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil desarrolle una respuesta especializada para adolescentes de alta complejidad, con equipos de seguimiento y gestión de casos a nivel nacional y regional.

En materia de crimen organizado, plantea reforzar la investigación de delitos vinculados al microtráfico y las armas, además de tipificar específicamente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.

“Una política de seguridad no se mide solo por cuánto aumenta una pena, sino por su capacidad para evitar nuevos delitos. La evidencia muestra que un grupo reducido concentra una parte importante de los hechos, por lo que la respuesta debe ser firme, focalizada y especializada”, señaló Anuar Quesille, Defensor de la Niñez.

El defensor agregó que aumentar la privación de libertad sin contar con una respuesta programática adecuada para la reinserción puede trasladar el problema hacia el futuro.

Prevenir antes de que la trayectoria delictiva se consolide

Junto con las medidas destinadas a los casos de mayor gravedad, los especialistas recomiendan fortalecer la prevención temprana.

Entre las propuestas se incluyen mejorar los sistemas de seguimiento y alerta frente a conductas delictivas tempranas, exclusión educativa, problemas de salud mental y consumo de drogas.

El informe también plantea fortalecer la coordinación entre los sistemas de protección y justicia juvenil, ampliar la cobertura del Sistema Lazos, desarrollar alternativas de reingreso educativo y reforzar las intervenciones en medio libre y los mecanismos de justicia restaurativa.

La propuesta busca que la modernización de la justicia juvenil permita interrumpir las trayectorias delictivas, favorecer la reinserción social y reservar la privación de libertad para situaciones en que resulte necesaria, manteniendo el carácter especializado que diferencia al sistema adolescente del sistema penal adulto.

El documento fue elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, con la colaboración y revisión de académicos, académicas y especialistas en justicia juvenil.