Académicos y parlamentarios coinciden en que la reinserción es clave para disminuir la reincidencia, mientras el debate legislativo enfrenta una posible revisión del Tribunal Constitucional.
La reforma a la Responsabilidad Penal Adolescente volvió a instalarse en el centro del debate político. Mientras sectores de la oposición evalúan recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar parte del proyecto impulsado por el Gobierno, especialistas y parlamentarios coinciden en que el verdadero desafío no pasa solo por endurecer las sanciones, sino por construir un sistema que reduzca efectivamente la reincidencia.
El Tribunal Constitucional entra al debate
La discusión legislativa alcanzó un nuevo nivel de tensión luego de que parlamentarios de oposición anunciaran la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para revisar algunos aspectos de la iniciativa.
La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, cuestionó el uso del TC como instancia para resolver diferencias políticas.
“No es novedad que hoy se esté utilizando el Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Quienes antes lo criticaban, hoy recurren a él porque les resulta favorable. Están en su legítimo derecho, pero ojalá no se utilice para hacer puntos políticos”, señaló la parlamentaria en el programa Punto de Encuentro de Bio Bio TV.
Una visión similar planteó Pamela Cisternas, abogada experta en Derecho Penal y académica de la Universidad del Alba, quien sostuvo que el Congreso debe asumir la responsabilidad de alcanzar acuerdos.
“Las leyes deben discutirse en el Congreso. No corresponde trasladar permanentemente estas decisiones al Tribunal Constitucional. Los parlamentarios tienen las herramientas para construir acuerdos respetando las garantías constitucionales”, afirmó.
¿Endurecer las penas reduce la delincuencia juvenil?
Más allá del debate institucional, especialistas advierten que rebajar la edad de responsabilidad penal o aumentar las sanciones no garantiza una disminución de la delincuencia ni de la reincidencia juvenil.
Pamela Cisternas explicó que la evidencia disponible no respalda que medidas exclusivamente punitivas entreguen mejores resultados.
“Los expertos coinciden en que rebajar la edad de imputabilidad no implica necesariamente reducir la comisión de delitos ni la reincidencia. Legislar impulsados por hechos puntuales puede conducir a reformas poco efectivas”, indicó.
La académica agregó que las sanciones deben ir acompañadas de procesos reales de reinserción social, especialmente considerando que se trata de adolescentes.
“Quien comete un delito debe responder por él, pero eso no significa renunciar a la posibilidad de rehabilitación e integración social”, sostuvo.
Castigo y reinserción: un desafío compartido
La diputada Javiera Rodríguez también planteó que las sanciones deben combinarse con medidas que permitan a los jóvenes reconstruir su proyecto de vida.
“No sirve de nada mantener privado de libertad a un joven si, al recuperar su libertad, no encuentra otra alternativa distinta a volver a delinquir. Se requiere educación, apoyo psicológico y herramientas laborales que permitan una verdadera reinserción”, señaló.
La parlamentaria enfatizó que los adolescentes que cometen delitos deben asumir responsabilidades, pero recalcó que el sistema debe ofrecer oportunidades para evitar que vuelvan a delinquir.
El desafío de una reforma efectiva
El debate sobre la Responsabilidad Penal Adolescente enfrenta hoy un doble desafío: alcanzar consensos políticos que permitan avanzar en la tramitación de la reforma y construir un sistema que combine sanciones proporcionales, protección de la sociedad y programas efectivos de reinserción.
En un escenario marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad, especialistas coinciden en que la disminución de la reincidencia dependerá no solo del castigo, sino también de la capacidad del Estado para ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y reintegración social.
