Un oferente acusa un eventual incumplimiento de un acuerdo conciliatorio ratificado por el Tribunal de Contratación Pública. El caso podría derivar en nuevas acciones judiciales y una revisión de Contraloría.
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas enfrenta cuestionamientos por el desarrollo de un proceso de licitación pública, luego de que un oferente denunciara un eventual incumplimiento de un acuerdo alcanzado ante el Tribunal de Contratación Pública.
La controversia se concentra en la Licitación Pública N° 1013353-10-LR26 y en la forma en que la comisión evaluadora habría aplicado los criterios de admisibilidad y evaluación de las ofertas.
Los antecedentes conocidos apuntan a una eventual vulneración de las condiciones acordadas durante una conciliación judicial, situación que podría generar nuevas acciones ante organismos competentes.
El origen de la controversia
El conflicto comenzó durante el proceso de licitación, cuando uno de los oferentes cuestionó las condiciones en que se desarrolló su participación. Según los antecedentes presentados ante el Tribunal de Contratación Pública, el oferente sostuvo que no se habrían garantizado condiciones de igualdad durante la evaluación de su propuesta.
Los reparos apuntaron específicamente a la aplicación de los criterios de admisibilidad, evaluación y ponderación establecidos en las bases de la licitación.
La controversia llegó al Tribunal de Contratación Pública, donde las partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio durante una audiencia realizada el 13 de julio de 2026. El acuerdo fue ratificado por el abogado de la Unidad Jurídica del SLEP Barrancas.
De acuerdo con los antecedentes de la Causa Rol N° 277-2026, el oferente posteriormente presentó su desistimiento, con fecha 14 de julio, para que su propuesta pudiera ser considerada nuevamente dentro del proceso.
Cuestionamientos a la comisión evaluadora
El conflicto se reactivó el 27 de julio de 2026, cuando la comisión evaluadora del SLEP Barrancas volvió a reunirse para realizar la apertura de las ofertas.
Según los antecedentes conocidos, los oferentes que habían recurrido al tribunal volvieron a ser declarados inadmisibles, situación que habría generado un nuevo cuestionamiento respecto del cumplimiento del acuerdo alcanzado ante el Tribunal de Contratación Pública.
Ante esta situación, el juez titular del Tribunal de Contratación Pública, Johans Saravia Carreño, habría solicitado al servicio revisar las ofertas de acuerdo con lo establecido en el acuerdo conciliatorio alcanzado entre las partes.
El punto central de la controversia radica, por tanto, en determinar si el SLEP Barrancas cumplió con las condiciones establecidas en la conciliación ratificada por el tribunal y si la evaluación posterior se ajustó a las bases y a la normativa vigente.
Eventuales acciones judiciales y administrativas
A raíz de estos antecedentes, se evalúa la presentación de una medida cautelar para solicitar la suspensión del procedimiento de licitación o del proceso de adjudicación, en caso de que este ya se hubiese concretado.
También podría solicitarse al tribunal que ordene la revisión de la propuesta del oferente, además de las medidas que correspondan en caso de acreditarse un eventual incumplimiento.
De manera paralela, según los antecedentes entregados a este medio, se solicitaría la intervención de la Contraloría General de la República para revisar la legalidad del procedimiento.
Entre las materias que podrían ser analizadas se encuentra el desarrollo de la licitación, la actuación de la comisión evaluadora y el eventual cumplimiento de las resoluciones y acuerdos adoptados durante el proceso judicial.
Asimismo, se podría solicitar determinar si corresponde iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades.
Transparencia y probidad en el proceso
La situación ha generado preocupación respecto de la necesidad de garantizar transparencia, igualdad entre los oferentes y estricto cumplimiento de las normas de contratación pública, particularmente cuando se trata de recursos destinados a la gestión educacional.
En este contexto, uno de los aspectos que deberá esclarecerse es si las actuaciones posteriores al acuerdo conciliatorio se ajustaron a lo establecido por el tribunal y a las propias bases del proceso de licitación.
También queda pendiente determinar si existen otros procesos de contratación del SLEP Barrancas que pudieran presentar situaciones similares, materia que eventualmente podría ser revisada por los organismos fiscalizadores.
Se espera pronunciamiento oficial
Hasta ahora, los antecedentes conocidos corresponden a los cuestionamientos formulados por el oferente y a las actuaciones desarrolladas ante el Tribunal de Contratación Pública.
Por ello, será clave conocer la versión oficial del SLEP Barrancas y los antecedentes que entregue respecto de la actuación de su comisión evaluadora y del cumplimiento del acuerdo conciliatorio.
El proceso también podría ser revisado por los organismos competentes, que deberán determinar si existieron irregularidades, incumplimientos administrativos o eventuales responsabilidades.
La licitación cuestionada se desarrolla bajo bases administrativas y técnicas que contemplan etapas de admisibilidad, evaluación técnica y económica y posterior adjudicación, bajo los principios de transparencia, igualdad entre los oferentes y probidad.
El esclarecimiento de los hechos será relevante no solo para determinar la legalidad del procedimiento, sino también para resguardar el correcto uso de los recursos destinados a fortalecer la gestión educativa y beneficiar directamente a los estudiantes de los establecimientos dependientes del SLEP Barrancas.
