Nueva normativa exigirá que cámaras, controles de acceso y sistemas de seguridad cumplan con estándares de protección de datos personales antes de diciembre de 2026. El incumplimiento podría derivar en millonarias sanciones.
Las empresas chilenas tienen menos de seis meses para adaptar sus sistemas de videovigilancia y control de acceso a la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026. La normativa establece exigencias para el tratamiento de datos personales y contempla multas de hasta 20.000 UTM o el 4% de los ingresos anuales de las organizaciones que incumplan sus obligaciones.
Aunque muchas compañías han fortalecido su infraestructura de seguridad durante los últimos años, no todas han considerado que las cámaras de vigilancia, los sistemas de control de acceso y el reconocimiento de patentes recopilan datos personales, por lo que deberán ajustarse a principios como licitud, proporcionalidad, transparencia y seguridad.
La nueva legislación será supervisada por una Agencia de Protección de Datos con facultades fiscalizadoras y sancionatorias, elevando significativamente las exigencias para el sector público y privado.
“Existe una brecha importante de conciencia en el mercado. Muchas organizaciones han invertido en tecnología de seguridad física sin considerar que estos sistemas generan y almacenan datos personales de manera permanente”, explica David Méndez, Business Development Manager de Genetec.
El especialista agrega que la nueva regulación obliga a responder preguntas que hasta ahora muchas empresas no se hacían. “¿Cuánto tiempo se almacenan las grabaciones? ¿Quién puede acceder a ellas? ¿Cómo se responde cuando una persona solicita ejercer sus derechos sobre esos datos? Son aspectos que ahora deberán estar claramente definidos”, afirma.
La presión regulatoria acelera los cambios
La necesidad de modernizar los sistemas de seguridad ya es una tendencia mundial. Según el informe Estado de la Seguridad Electrónica 2026, elaborado por Genetec a partir de más de 7.300 profesionales del sector, el 37% de las organizaciones planea desarrollar nuevos proyectos de ciberseguridad durante este año, frente al 24% registrado el año anterior.
Además, cuatro de cada diez empresas reconocen que las nuevas regulaciones son uno de los principales factores que impulsan la modernización de su infraestructura tecnológica.
El estudio también advierte que los sistemas de videovigilancia conectados a redes corporativas —como cámaras IP, servidores de video y plataformas en la nube— pueden transformarse en una puerta de entrada para ciberataques, exponiendo información personal y aumentando el riesgo de incumplimientos legales.
En este escenario, el 47% de los profesionales de tecnologías de la información identifica la ciberseguridad como una prioridad para proteger los sistemas de seguridad física.
Cómo prepararse antes de diciembre
A las exigencias de la Ley 21.719 se suma el Reglamento de Seguridad Privada de la Ley N.º 21.659, que fortalece los estándares para la gestión y resguardo de evidencia digital.
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan iniciar cuanto antes un proceso de revisión de la infraestructura tecnológica, especialmente en organizaciones que utilizan sistemas de videovigilancia, control de acceso o monitoreo.
Entre las principales acciones destacan:
- Realizar un inventario de todos los sistemas que recopilan datos personales.
- Definir políticas claras de almacenamiento y eliminación de grabaciones.
- Restringir el acceso a las imágenes únicamente a personal autorizado.
- Implementar registros de trazabilidad que permitan conocer quién accedió a la información y cuándo lo hizo.
- Fortalecer la ciberseguridad de cámaras, servidores y plataformas conectadas a la red.
- Actualizar los protocolos internos para responder a solicitudes relacionadas con los derechos de los titulares de los datos.
“La protección de datos dejó de ser un desafío exclusivo del área legal o tecnológica. Hoy forma parte de la gestión integral del riesgo y de la confianza que las organizaciones transmiten a sus clientes, colaboradores y comunidades”, concluye David Méndez.
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación, la videovigilancia ya no solo deberá proteger instalaciones y personas. También deberá garantizar el resguardo de la privacidad y el tratamiento responsable de los datos personales, convirtiéndose en un elemento clave del cumplimiento normativo en Chile.
