La entrada en vigencia de la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, a partir del 1 de julio, marca un punto de inflexión en el sistema educativo chileno. Su énfasis en la convivencia, el buen trato y el bienestar no solo redefine la forma de abordar los conflictos escolares, sino que instala una comprensión más amplia del proceso educativo, donde aprender y convivir son dimensiones inseparables.
Este avance se articula con marcos normativos clave como la Ley 21.545 (Ley de Autismo), el Decreto 83 sobre diversificación de la enseñanza y el Decreto 67 sobre evaluación. En conjunto, estas normativas impulsan el tránsito desde un modelo centrado en el diagnóstico hacia otro enfocado en las trayectorias de aprendizaje, las necesidades de apoyo y la eliminación de barreras para la participación.
En este nuevo contexto, la convivencia educativa se posiciona como un componente pedagógico esencial. No se trata únicamente de prevenir la violencia escolar, sino de construir comunidades donde predominen relaciones inclusivas, participativas y respetuosas que favorezcan el aprendizaje y el bienestar de todos los estudiantes.
Uno de los desafíos más relevantes es la transformación de los dispositivos de gestión institucional. La ley fortalece la necesidad de contar con planes de convivencia que trasciendan lo declarativo y orienten acciones concretas de formación, prevención y acompañamiento. Esto también implica revisar los reglamentos internos de convivencia escolar para avanzar hacia medidas formativas, proporcionales y coherentes con un enfoque pedagógico.
Este nuevo marco establece un principio fundamental: los establecimientos educacionales no deben sancionar a ningún estudiante por su condición ni por presentar necesidades educativas especiales. Al mismo tiempo, exige que las comunidades educativas replanteen la forma en que responden a las conductas desafiantes, reconociendo que muchas de ellas surgen de necesidades de apoyo que no fueron identificadas o atendidas oportunamente.
En este marco cobra especial relevancia el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), que se proyecta como una herramienta estratégica de gestión. Más allá de estar asociado a determinados diagnósticos, hoy se consolida como un instrumento transversal para comprender y acompañar a cualquier estudiante que requiera apoyo en su regulación emocional y conductual. Este cambio permite avanzar hacia prácticas más justas, personalizadas y centradas en la singularidad de cada trayectoria educativa.
Asimismo, el desafío no es solo normativo, sino también formativo. Las comunidades educativas necesitan fortalecer sus capacidades para diversificar la enseñanza, generar apoyos pertinentes y construir entornos seguros e inclusivos. Esto supone un cambio cultural profundo, donde la diversidad deja de entenderse como una excepción y pasa a ser reconocida como una característica inherente de toda aula.
Jeimy Vargas
Académica Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial
Universidad de Las Américas
