Un informe de la Defensoría de la Niñez revela que 102 de las 197 asignaciones analizadas disminuyen en el proyecto de Presupuestos 2027. Las principales bajas afectan al cuidado alternativo, la adopción, la educación y la justicia juvenil.

La Defensoría de la Niñez advirtió que más de la mitad de las asignaciones presupuestarias destinadas directamente a niños, niñas y adolescentes disminuyen en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Según un análisis de su Observatorio de Derechos, 102 de las 197 asignaciones examinadas registran bajas respecto del presupuesto ajustado de 2026, mientras que 63 aumentan y 32 se mantienen en niveles similares.

Aunque el conjunto de los recursos analizados crece un 0,81% frente al presupuesto ajustado de 2026, el organismo advierte que esta cifra no refleja por sí sola el impacto de las decisiones presupuestarias en los programas destinados a la infancia y adolescencia. Por ello, el informe examina las variaciones de cada asignación y compara los resultados con distintas bases de cálculo.

Al considerar el presupuesto original de 2026, antes de las modificaciones realizadas durante su ejecución, el aumento de los recursos analizados alcanza un 0,78%. Sin embargo, al excluir el presupuesto de educación, las diferencias entre ambas metodologías se amplían: el incremento llega al 1,36% frente al presupuesto ajustado y al 4,07% respecto del original.

Para la Defensoría, estas diferencias refuerzan la necesidad de transparentar las bases de comparación y examinar cómo los cambios presupuestarios pueden afectar la continuidad y calidad de las prestaciones que reciben niños, niñas y adolescentes.

Cuidado alternativo y adopción entre las principales alertas

Uno de los hallazgos que genera mayor preocupación es la reducción cercana al 7% en el financiamiento conjunto del cuidado alternativo, que incluye las prestaciones de administración directa del Estado y las ejecutadas por organismos colaboradores. En este último caso, la disminución alcanza el 12,06%.

El informe también advierte sobre la evolución de los recursos destinados al Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, cuya asignación registra una caída estimada del 28,52% respecto del presupuesto original de 2026. Sin embargo, al compararla con el presupuesto ajustado de ese año, la disminución llega al 0,67%.

La Defensoría plantea que esta variación requiere especial atención debido a las listas de espera existentes. A ello se suma una disminución cercana al 59% en los recursos identificados para los programas de adopción, que debe analizarse considerando la implementación de la nueva legislación en esta materia.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que la discusión presupuestaria debe centrarse en las consecuencias concretas para quienes reciben estas prestaciones.

“El debate no puede quedarse solo en si el presupuesto total sube o baja. Lo fundamental es saber qué ocurrirá con los niños, niñas y adolescentes que hoy reciben una prestación, si tendrán continuidad en su atención, con qué cobertura y bajo qué estándares de calidad. Cada disminución debe estar debidamente fundamentada y contar con alternativas cuando corresponda”, señaló.

El defensor agregó que las reducciones en programas de protección requieren explicaciones claras por parte del Gobierno.

“Lo que más nos preocupa es que estas disminuciones alcancen programas destinados a niños, niñas y adolescentes que requieren protección del Estado. Estamos hablando de prestaciones que no pueden interrumpirse ni deteriorarse por decisiones presupuestarias. Por eso, es indispensable que el Gobierno explique cómo garantizará su continuidad y calidad. Las restricciones fiscales no pueden traducirse en retrocesos en la protección de los derechos de la niñez”, advirtió Quesille.

Educación: menos recursos para becas y programas de calidad

En educación, el análisis identifica una reducción cercana al 72% en las asignaciones examinadas de Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada principalmente por la eliminación del financiamiento del Programa de Becas de Acceso a TIC.

El informe también registra una disminución cercana al 31% en Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en comparación con el presupuesto ajustado de 2026. Esta partida comprende iniciativas vinculadas con la educación técnico-profesional pública, el aprendizaje del inglés y los liceos emblemáticos.

A estos antecedentes se suma una estimación de Educación 2020 sobre la reducción prevista de horas docentes y de asistentes de la educación en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Según esa organización, la medida tendría un impacto estimado en 1.888 docentes y 1.884 asistentes de la educación.

Frente a este escenario, la Defensoría advierte que las variaciones en la matrícula y la disminución de la natalidad no deben traducirse automáticamente en menores estándares educativos. Por el contrario, plantea que es necesario evaluar cómo estos cambios pueden convertirse en oportunidades para mejorar las condiciones de enseñanza, por ejemplo, mediante una menor cantidad de estudiantes por aula.

Justicia juvenil y seguimiento del gasto público

En justicia juvenil, el estudio identifica una reducción de entre 7,7% y 12,3% en el gasto de personal de los centros de administración directa, según la base de comparación utilizada.

La Defensoría considera que esta variación requiere una evaluación especial, en un contexto en que se discute una reforma a la responsabilidad penal adolescente que podría aumentar la población privada de libertad.

El documento también alerta sobre la ausencia, en el proyecto de Presupuestos 2027, de la glosa que establecía la elaboración de un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez y adolescencia. Este trabajo era desarrollado por la Subsecretaría de la Niñez y la Dirección de Presupuestos, con el aporte de UNICEF Chile.

Para el organismo, mantener este mecanismo permitiría dar continuidad al seguimiento de la inversión pública destinada a la infancia y evaluar el cumplimiento de los principios de prioridad, progresividad y no regresividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría pide transparentar los efectos de los recortes

El informe también identifica aumentos presupuestarios en áreas que la institución considera relevantes. Entre ellos figuran los recursos para intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación familiar; el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil; y las Oficinas Locales de la Niñez.

En educación parvularia, aumentan los recursos de la Subsecretaría y las transferencias a Fundación Integra. En salud, el gasto analizado también crece, principalmente por el financiamiento de hospitales pediátricos.

Estos incrementos conviven con disminuciones en otras asignaciones, por lo que la Defensoría pide evaluar el presupuesto más allá de su variación global.

En el marco de la discusión presupuestaria, el organismo solicitará al Ministerio de Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026, además de fundamentar los efectos previstos de las disminuciones sobre la cobertura y la calidad de las prestaciones.

Junto con organizaciones especializadas que integran la Mesa de Trabajo sobre Presupuesto y Niñez, la Defensoría continuará analizando el proyecto para aportar antecedentes al Congreso Nacional y a la ciudadanía.

Revisa el informe completo: https://observatorio.defensorianinez.cl/documento-de-trabajo-12-analisis-presupuesto-2027/