Durante la última semana, los medios de comunicación han difundido diversas noticias relacionadas con la investigación sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de Haití a Chile.
Mientras las instituciones competentes recopilan la información, resulta fundamental detenernos en un aspecto que no puede quedar relegado a un segundo plano: las experiencias, necesidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
Como terapeutas ocupacionales observamos con preocupación que gran parte del debate público se ha centrado en procedimientos administrativos, cifras y eventuales responsabilidades institucionales.
Sin desconocer la importancia de esclarecer los hechos, es necesario recordar que detrás de cada registro, documento o estadística existen niños, niñas y adolescentes con historias de vida marcadas por experiencias de adversidad, desplazamiento y vulneración de derechos, que requieren una respuesta centrada en su bienestar y desarrollo integral.
Desde una perspectiva de derechos humanos, es importante reconocer que muchos provienen de contextos caracterizados por vulnerabilidad social, inestabilidad política y limitaciones en el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y la protección social. Estas condiciones influyen directamente en sus oportunidades de participación, inclusión y desarrollo dentro de sus comunidades.
Asimismo, la experiencia migratoria constituye un proceso complejo que puede generar un impacto significativo en la salud mental y en la participación ocupacional durante la infancia. El traslado a un país desconocido, la adaptación a nuevos contextos culturales, las barreras idiomáticas y la posible separación de figuras significativas representan desafíos que pueden generar incertidumbre, temor, estrés y dificultades en la construcción de vínculos, afectando su sentido de seguridad y pertenencia.
A más de 35 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Chile, el principio del interés superior del niño debe seguir orientando toda acción, decisión o política que los involucre. Esto implica garantizar su protección, promover su participación, resguardar su dignidad, respetar su derecho a migrar en condiciones que resguarden su bienestar y favorecer el acceso efectivo a oportunidades que potencien su desarrollo y calidad de vida.
Desde la Terapia Ocupacional comprendemos que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho cuyo bienestar se encuentra estrechamente vinculado a sus oportunidades de participar en espacios educativos, familiares, comunitarios, recreativos y de salud. Estas experiencias cotidianas constituyen la base para el desarrollo de habilidades, la construcción de identidad y el fortalecimiento de la salud mental.
Por ello, resulta fundamental evitar narrativas que los reduzcan a la condición de víctimas o protagonistas de una controversia mediática, invisibilizando sus necesidades, capacidades y potencialidades.
Más allá de los resultados de las investigaciones en curso, el principal desafío como sociedad es no perder de vista que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Ellos requieren adultos e instituciones capaces de proteger sus derechos, reconocer su condición de sujetos de derecho y generar entornos seguros, inclusivos y respetuosos que favorezcan su participación, bienestar y desarrollo.
Daniela Palma Coronado
Académica de Terapia Ocupacional
Universidad Andrés Bello
