La reducción de la jornada laboral está obligando a las empresas chilenas a revisar cómo supervisan a sus contratistas, elevando la exigencia desde el simple cumplimiento documental hacia modelos verificables, con trazabilidad y respaldo operativo.

La implementación de la Ley de 40 Horas en Chile está transformando mucho más que la organización interna de las empresas. La nueva normativa también está tensionando la forma en que las compañías gestionan la subcontratación y fiscalizan el cumplimiento laboral de terceros, especialmente en sectores donde los contratistas cumplen un rol estratégico dentro de la operación.

En este escenario, la capacidad de demostrar el cumplimiento comienza a convertirse en un factor crítico para las empresas mandantes, particularmente frente al aumento de exigencias regulatorias, los nuevos costos operacionales y la creciente complejidad de la gestión laboral.

Según datos de la ENCLA 2023 de la Dirección del Trabajo, un 34,9% de las empresas chilenas subcontrata alguna actividad, cifra que supera el 54,4% en grandes compañías. Además, un 12,1% externaliza funciones directamente ligadas a su giro principal, trasladando parte importante de su operación a terceros.

De la subcontratación al riesgo operacional

Este escenario instala un desafío estructural: gran parte del funcionamiento de las empresas depende hoy de redes de contratistas cuya gestión no siempre cuenta con suficiente trazabilidad.

El volumen de control administrativo también evidencia la magnitud del fenómeno. Durante 2024, la Dirección del Trabajo emitió más de 2,4 millones de certificados a contratistas y registró 183.624 materias denunciadas.

Si bien estas cifras no corresponden exclusivamente a subcontratación, sí reflejan el nivel de exposición existente en industrias donde los terceros forman parte esencial de la operación.

Frente a este contexto, Validate —empresa especializada en validación integral de contratistas con 10 años de experiencia— advierte que la principal brecha actual no está en la intención de cumplir, sino en la capacidad de acreditar ese cumplimiento de manera verificable.

Del cumplimiento documental a la evidencia verificable

Diversos estudios de Deloitte y ESE Business School muestran que el 87% de las empresas declara realizar procesos de due diligence a terceros. Sin embargo, solo un 17% cuenta con indicadores de cumplimiento completamente definidos.

La cifra se vuelve aún más crítica al analizar proveedores y contratistas: apenas un 7% de las compañías incorpora a terceros dentro de sus sistemas formales de control y medición.

“Hoy no basta con tener documentos en regla. El verdadero desafío es contar con evidencia que permita sostener que una operación está protegida en el tiempo”, explica Karina González, directora de Validate.

La ejecutiva sostiene que el mercado está evolucionando hacia modelos de cumplimiento más robustos, donde ya no basta revisar antecedentes administrativos, sino que también se requiere auditoría laboral, legal y de salud ocupacional para validar el funcionamiento real de los contratistas.

Ley de 40 Horas aumenta presión operativa y económica

La implementación gradual de la Ley de 40 Horas ha acelerado esta discusión. Tras pasar de 45 a 44 horas en 2024, la jornada laboral se redujo ahora a 42 horas, obligando a muchas empresas a reorganizar turnos, contratos y esquemas operativos.

Este ajuste tiene efectos directos en los costos laborales. El valor de la hora trabajada aumentó 4,8% en el tramo de 44 a 42 horas y 7,1% respecto al esquema original de 45 horas.

En operaciones donde las compañías necesitan mantener continuidad mediante horas extraordinarias, el sobrecosto puede alcanzar cerca de un 6,7% por trabajador afectado.

“El impacto de la Ley de 40 Horas no es solo laboral; también es operacional y económico. Obliga a revisar contratos, estructuras y niveles de control sobre terceros”, agrega Karina González.

Sectores críticos y cambio de paradigma

Rubros como minería, construcción, logística y servicios intensivos en mano de obra enfrentan este desafío con especial intensidad debido al volumen de contratistas involucrados y la criticidad de sus operaciones.

En paralelo, las empresas comienzan a migrar desde modelos centrados únicamente en el cumplimiento formal hacia esquemas de control continuo, trazabilidad y respaldo verificable.

En este nuevo escenario, el cumplimiento deja de ser solo un requisito administrativo para transformarse en un elemento estratégico de continuidad operacional, reputación y gestión de riesgos.

Porque hoy, más que declarar cumplimiento, el verdadero desafío es poder demostrar —con evidencia concreta— que la operación está realmente protegida.