Con una tasa de desempleo general de 9,1% y una desocupación femenina que alcanza el 10,5%, el diagnóstico es crudo e ineludible: buscar trabajo en Chile, especialmente siendo mujer, se ha transformado en una carrera con vallas invisibles, pero implacables.
Este fenómeno no responde a una falta de voluntad. Al contrario, la fuerza laboral femenina sigue aumentando y son cada vez más las mujeres que buscan generar ingresos. Sin embargo, el mercado formal no las está absorbiendo al mismo ritmo. La consecuencia directa es el refugio en la informalidad laboral, que alcanza cerca del 29% entre las mujeres, o el desaliento de quienes intentan insertarse por primera vez.
Frente a este escenario, la pregunta de fondo ya no es cuántas mujeres quieren trabajar, sino qué trabas estructurales continúan operando para dificultar su contratación en el sector privado.
El gran elefante en la habitación sigue siendo la forma en que legislamos el cuidado. El artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar una sala cuna, continúa funcionando como un impuesto encubierto a la contratación femenina. Mientras el cuidado de los hijos siga siendo percibido legalmente como una responsabilidad asociada principalmente a la madre y no a ambos padres, muchos empleadores seguirán viendo al hombre como el trabajador con menos riesgos de ausencia.
Por eso, el debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal —que actualmente enfrenta definiciones clave en el Congreso respecto de su financiamiento y cobertura— no es solamente una discusión social o educacional. Es una urgencia económica de primer orden.
Desligar este beneficio del número de trabajadoras contratadas y de su género, mediante un fondo solidario de financiamiento, permitiría nivelar la cancha para que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) dejen de percibir la contratación femenina como un costo adicional.
Más aún, cada punto porcentual que aumenta la participación laboral de las mujeres genera un impacto directo en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Mantener barreras que dificultan su incorporación al mercado laboral significa, literalmente, limitar el desarrollo económico del país.
Sin embargo, la sala cuna es solo una parte de la solución. El nuevo ecosistema laboral exige repensar profundamente la flexibilidad y la adaptabilidad del trabajo. La rigidez de las jornadas tradicionales sigue castigando con especial fuerza a quienes asumen tareas de crianza y cuidado.
La verdadera flexibilidad no debe depender de la buena voluntad de un empleador ni transformarse en una forma encubierta de precarización. Lo que Chile necesita son modelos modernos de conciliación laboral y familiar, con herramientas como bancos de horas, esquemas híbridos bien regulados y sistemas de evaluación basados en resultados más que en presencia física.
Pero también es importante evitar un error frecuente: la flexibilidad no puede diseñarse exclusivamente para las mujeres. Si ocurre eso, se corre el riesgo de reforzar su permanencia en el espacio doméstico y profundizar las brechas de corresponsabilidad.
Las políticas de adaptabilidad laboral deben ser universales, permitiendo e incentivando que los hombres también ejerzan activamente su derecho y responsabilidad en las tareas de cuidado.
Chile arrastra hace más de una década tasas de desempleo femenino que siguen siendo inaceptables. Continuar esperando que el mercado resuelva por sí solo este problema bajo las mismas reglas del pasado es una apuesta equivocada y costosa.
El talento, la preparación y las competencias de las mujeres chilenas están disponibles. Lo que falta es que las políticas públicas y las culturas organizacionales comprendan que la reactivación económica del país será con corresponsabilidad, inclusión y flexibilidad laboral, o simplemente no será.
Felipe Vergara Maldonado
Analista político
Director de Postgrado FEN UNAB
