La iniciativa busca reforzar el rol de madres, padres y cuidadores en la formación y protección de niños, niñas y adolescentes, incorporando medidas preventivas, apoyo familiar y sanciones graduales frente al incumplimiento de los deberes parentales.
Con foco en la prevención de la violencia, la protección de la infancia y el fortalecimiento de las familias, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó en la comuna de Independencia la firma del Proyecto de Ley de Régimen de Responsabilidad Parental, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La propuesta busca entregar nuevas herramientas para promover el cumplimiento de los deberes de cuidado, formación y orientación de niños, niñas y adolescentes.
La ceremonia se realizó en el edificio consistorial de Independencia y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; parlamentarios, dirigentes gremiales y representantes de la comunidad.
Fortalecer a las familias para prevenir la violencia
Durante la actividad, el alcalde Agustín Iglesias valoró la iniciativa y destacó que constituye una herramienta concreta para abordar de manera preventiva situaciones de riesgo que afectan a menores de edad.
La autoridad comunal sostuvo que la seguridad no solo depende de una mayor fiscalización o presencia policial, sino también de familias comprometidas, comunidades activas y una adecuada combinación entre derechos y deberes.
Por su parte, el Presidente Kast explicó que el proyecto responde a la creciente preocupación ciudadana frente a hechos de violencia, conductas de riesgo e ilícitos protagonizados por menores de 18 años.
En ese contexto, señaló que la propuesta incorpora un enfoque preventivo y formativo, complementado con mecanismos graduales para exigir responsabilidad a los adultos cuando exista un incumplimiento de sus obligaciones parentales.
Medidas de apoyo y acompañamiento familiar
La iniciativa contempla una serie de herramientas orientadas a fortalecer las capacidades parentales y evitar que los problemas se agraven.
Entre ellas destacan:
- Programas de fortalecimiento de habilidades parentales.
- Procesos de revinculación familiar.
- Atención psicológica y psiquiátrica especializada.
- Intervención temprana de los tribunales de familia mediante procedimientos más ágiles y expeditos.
Además, el proyecto promueve una mayor protección de las víctimas mediante mecanismos que facilitan las indemnizaciones por daños ocasionados por menores de edad, resguardando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Sanciones ante incumplimientos reiterados
La propuesta establece que, cuando un tribunal determine la participación de un menor en un hecho ilícito y acredite una falta de diligencia parental, podrá aplicar medidas como:
- Multas de hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
- Obligación de asistir a programas de habilidades parentales o revinculación familiar.
- Participación en sesiones de atención psicológica o psiquiátrica con profesionales acreditados.
En casos de incumplimiento persistente y grave de los deberes parentales, el tribunal podrá aplicar sanciones adicionales, entre ellas:
- Multas de hasta 10 UTM en beneficio del niño, niña o adolescente.
- Declaración de indignidad para suceder al menor en materia hereditaria.
- Suspensión o pérdida de la patria potestad, según la gravedad de los hechos.
- Pérdida del derecho a solicitar alimentos al hijo cuando este alcance la mayoría de edad.
Prevención temprana y protección de la infancia
Desde la experiencia territorial del municipio, el alcalde Iglesias advirtió sobre los riesgos asociados a la deserción escolar y al reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
En ese sentido, afirmó que la responsabilidad parental es una herramienta clave para prevenir la violencia, proteger las trayectorias de vida de niños y jóvenes y fortalecer el tejido social desde las familias.
El proyecto establece que todas las medidas deberán considerar la realidad de cada grupo familiar y priorizar siempre el bienestar, la protección y el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca actuar de manera temprana, fortalecer las competencias parentales y entregar apoyo efectivo a las familias, evitando que niños y adolescentes se vean expuestos a situaciones de violencia, vulneración de derechos o conductas delictivas.
