Jorge Díaz respaldó el proyecto que permitirá realizar trámites cuando los sistemas biométricos no reconocen la huella dactilar, incorporando garantías de acceso presencial, protección de datos y cobertura en todo el país.
Las personas mayores y quienes viven con discapacidad podrían contar con mecanismos alternativos para realizar trámites públicos cuando los sistemas biométricos no reconocen su huella dactilar. Ese es el objetivo del proyecto de ley respaldado por el diputado Jorge Díaz, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, quien llamó a garantizar que la modernización del Estado no termine excluyendo a quienes más necesitan acceder a los servicios públicos.
El parlamentario apoyó la idea de legislar, aunque adelantó que impulsará indicaciones para asegurar que la futura normativa contemple alternativas presenciales, protección de datos personales y factibilidad de implementación en comunas rurales y zonas extremas.
“La modernización del Estado no puede transformarse en una nueva barrera de exclusión. Cuando una persona llega a un servicio público con su identidad acreditada, pero el sistema le impide avanzar porque no reconoce su huella, el problema no es la persona: es el diseño del Estado”, afirmó Jorge Díaz.
Más acceso y menos barreras
El proyecto busca resolver una situación que afecta a miles de personas mayores y personas con discapacidad, cuyos trámites quedan bloqueados porque los lectores biométricos no logran identificar sus huellas dactilares debido al desgaste natural de la piel, la edad o determinadas condiciones de salud.
Para el diputado, la tecnología debe facilitar el acceso a los servicios públicos y no convertirse en un obstáculo.
“Aprobamos la idea de legislar porque necesitamos avanzar, pero exigiremos una ley que garantice accesibilidad real, seguridad, protección de datos y aplicación territorial. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad de las personas, no al revés”, sostuvo.
El legislador recordó que el Estado tiene la obligación legal y ética de promover la inclusión y asegurar una atención preferente para quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios públicos.
Garantías para una implementación efectiva
Jorge Díaz fundamentó su respaldo en los cambios demográficos que vive el país. Según el Censo 2024, las personas de 65 años o más representan el 14% de la población, mientras que la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022) indica que el 17,6% de los adultos vive con algún grado de discapacidad.
El parlamentario advirtió que la nueva legislación no puede limitarse a reemplazar la huella dactilar por otros sistemas biométricos, como el reconocimiento facial, de iris o de voz, ya que también podrían presentar fallas en determinados casos.
Por ello, anunció que propondrá incorporar una identificación presencial reforzada no biométrica, que permita realizar los trámites mediante la presentación de la cédula de identidad vigente, la verificación de los datos en el Registro Civil, un segundo mecanismo de validación cuando corresponda y la certificación presencial de un funcionario habilitado, dejando un registro auditable del procedimiento.
“Queremos una ley que entregue certezas, proteja los datos personales y garantice que ninguna persona quede sin atención por una falla tecnológica. La transformación digital debe avanzar con inclusión y equidad para todos”, concluyó el diputado Jorge Díaz.
