Una experta de la Universidad Internacional de Valencia plantea fortalecer la coordinación institucional, la atención temprana, la capacitación especializada y el uso responsable de tecnología para prevenir la violencia de género.

La prevención de los feminicidios y de la violencia de género requiere fortalecer la respuesta de las instituciones y avanzar desde un modelo centrado en reaccionar ante las agresiones hacia uno capaz de identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna.

En lo que va del año, se han registrado cerca de 196 casos con características de feminicidio, de los cuales 19 fueron consumados y 157 quedaron en grado de frustrados, según los antecedentes consignados en el análisis. Frente a este escenario, la Dra. Julia Martínez Candado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), plantea que existen desafíos estructurales en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

La especialista identifica entre ellos las dificultades para denunciar, la falta de articulación entre instituciones, las barreras socioeconómicas y la necesidad de mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo.

“Las instituciones tienen el gran reto de transformar los datos territoriales en políticas públicas anticipatorias, fortaleciendo el tejido social y económico del departamento para reducir la vulnerabilidad de las mujeres”, señala Martínez Candado.

Cuando pedir ayuda se convierte en una barrera

Uno de los principales desafíos aparece cuando una mujer decide buscar ayuda. Según la experta, factores como la dependencia económica, la falta de información sobre las rutas de atención, la normalización de conductas violentas y el temor a la revictimización pueden dificultar el acceso oportuno a apoyo institucional.

Para enfrentar estas barreras, propone acercar los servicios a los territorios y garantizar una atención integral desde el primer contacto.

Entre las medidas que plantea se encuentran descentralizar la atención hacia los barrios, integrar apoyo psicológico y jurídico y generar espacios de atención que entreguen confianza y seguridad.

La especialista sostiene que la respuesta debe considerar tanto las necesidades inmediatas de las víctimas como las condiciones sociales que pueden dificultar que una mujer se aleje de una situación de violencia.

Detectar las señales antes de que la violencia escale

La prevención también requiere identificar señales de alerta antes de que una agresión alcance niveles más graves.

Entre los indicadores mencionados por Martínez Candado se encuentran la escalada de la violencia psicológica, el control coercitivo, los antecedentes de violencia intrafamiliar, el aislamiento social progresivo y las amenazas posteriores a una separación.

La experta plantea que estos antecedentes deben incorporarse a las evaluaciones de riesgo para permitir intervenciones oportunas.

“Si el Estado articula estos indicios con las valoraciones de riesgo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es posible intervenir tempranamente antes de que la agresión escale a un escenario fatal”, sostiene.

Para que esta estrategia funcione, agrega, no basta con mejorar una sola etapa del sistema. La prevención requiere coordinación entre las distintas instituciones que reciben, evalúan y acompañan los casos.

Capacitación especializada para quienes intervienen

Otro de los ejes que identifica la especialista es la formación permanente de jueces, fiscales, policías y otros funcionarios que participan en la atención de casos de violencia de género.

“En este punto, es de vital urgencia y de máxima importancia implementar una formación especializada y continua en materia de violencia de género”, afirma.

Según Martínez Candado, esta capacitación debe permitir aplicar una perspectiva de género y reducir sesgos que puedan afectar la manera en que se recibe una denuncia, se evalúa el riesgo o se determina una medida de protección.

La formación, plantea, también debe extenderse a la sociedad civil. Escuelas y espacios comunitarios pueden cumplir un papel relevante en la prevención, la identificación temprana de conductas violentas y el acceso a información sobre las vías de ayuda.

“Sin esta formación especializada, la respuesta judicial siempre llegará tarde. La educación es la verdadera garantía de no repetición”, sostiene.

Tecnología para anticipar riesgos

La incorporación de herramientas de LegalTech e inteligencia artificial abre, de acuerdo con la experta, nuevas posibilidades para apoyar la prevención y agilizar determinados procesos.

Estas tecnologías podrían utilizarse para analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y priorizar situaciones que presenten mayores niveles de riesgo, permitiendo orientar los recursos institucionales hacia los casos que requieren atención.

También podrían contribuir al análisis de datos históricos para detectar patrones territoriales y apoyar la planificación de acciones preventivas en zonas con mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, Martínez Candado advierte que estas herramientas deben utilizarse bajo supervisión humana. El modelo Human-in-the-loop, señala, permite incorporar revisión y control profesional para evitar que algoritmos reproduzcan sesgos presentes en datos históricos.

La tecnología, desde esta perspectiva, debe funcionar como un apoyo a la toma de decisiones y no reemplazar la evaluación de los profesionales ni la atención directa a las víctimas.

Un sistema conectado para responder a tiempo

Para la académica, una de las principales prioridades es mejorar la coordinación entre las instituciones que participan en la atención de las mujeres que enfrentan violencia.

“Para generar un impacto positivo en el corto y medio plazo, las acciones institucionales pasan por crear un sistema unificado y en tiempo real que conecte a la Fiscalía, comisarías de familia, Medicina Legal y policía para trazar el nivel de riesgo exacto de cada mujer que pide ayuda”, detalla.

A partir de esa coordinación, plantea tres líneas de acción: fortalecer la capacitación especializada, mejorar los mecanismos de evaluación de riesgo e incorporar herramientas tecnológicas que apoyen la detección de alertas y la respuesta institucional.

El objetivo es reducir los tiempos de reacción y evitar que una mujer deba recorrer múltiples instituciones para acceder a protección y acompañamiento.

De una respuesta reactiva a una prevención efectiva

La prevención de la violencia de género requiere, según la experta, combinar instituciones coordinadas, profesionales especializados, educación y tecnología utilizada de manera responsable.

El desafío no se limita a responder cuando ya ocurrió una agresión. También implica detectar señales de riesgo, facilitar el acceso a ayuda y generar condiciones para que las mujeres puedan denunciar y recibir protección oportunamente.

Desde esta perspectiva, fortalecer la capacidad preventiva del Estado puede contribuir a construir una respuesta más temprana, coordinada y centrada en la protección de las mujeres, reduciendo las barreras que hoy pueden dificultar el acceso a apoyo institucional.