Espacios públicos deteriorados obligan al municipio a destinar millonarios recursos. Autoridades respaldan el Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Gobierno.
Más de $2.250 millones destina la Municipalidad de Ñuñoa durante 2026 para enfrentar los costos asociados al vandalismo, las incivilidades y la inseguridad que afectan diariamente a la comuna. Los recursos se enfocan en la reparación de infraestructura dañada, la recuperación de espacios públicos, la eliminación de grafitis y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y patrullaje.
La cifra refleja el impacto económico que generan conductas como rayados, destrucción de luminarias, daños al mobiliario urbano y deterioro de bienes públicos, costos que finalmente terminan siendo asumidos por toda la comunidad.
El tema fue abordado por el Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, junto al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en el marco de la discusión sobre el Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa impulsada por el Gobierno para fortalecer la prevención y sanción de estas conductas.
Más de $1.293 millones para recuperar espacios públicos
Según cifras municipales, $1.293 millones adicionales se destinan exclusivamente a la recuperación de bienes públicos y espacios urbanos afectados por actos vandálicos.
Estos recursos permiten financiar la reparación de infraestructura dañada, la reposición de señaléticas, luminarias y mobiliario urbano, además de trabajos de mejoramiento en distintos sectores de la comuna.
A ello se suman cerca de $144 millones anuales destinados a la limpieza de grafitis, una de las problemáticas que más impacta la percepción de seguridad y el estado de los espacios públicos.
Seguridad comunal recibe una inversión de $829 millones
En paralelo, el municipio destina $829 millones adicionales al fortalecimiento de la seguridad comunal, incorporando nuevas herramientas para la prevención del delito y la protección de los vecinos.
La inversión considera la adquisición de cámaras de vigilancia, vehículos de patrullaje, equipamiento tecnológico y sistemas de monitoreo que buscan aumentar la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo.
El objetivo es mejorar la seguridad en barrios, plazas, parques y espacios de alta circulación, contribuyendo a una mayor sensación de tranquilidad para la comunidad.
“Los vecinos no tienen por qué pagar la cuenta”
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo que estos recursos podrían destinarse a iniciativas que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.
“Cada peso que gastamos borrando rayados, reparando luminarias o reponiendo mobiliario destruido es plata que dejamos de invertir en parques, seguridad, deporte o apoyo social. Los vecinos no tienen por qué seguir pagando la cuenta de quienes destruyen lo que es de todos”, afirmó.
La autoridad comunal también manifestó su respaldo a nuevas herramientas que permitan enfrentar estas conductas de manera más efectiva.
“Durante demasiado tiempo las incivilidades se trataron como algo menor. Pero detrás de cada rayado, cada paradero destruido o cada espacio público vandalizado existe un enorme costo para la ciudad y para las familias. Quien destruye debe hacerse responsable y asumir consecuencias reales por el daño que provoca”, agregó.
Gobierno busca reducir el impacto de las incivilidades
Por su parte, el Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, destacó que el proyecto busca abordar una problemática que afecta directamente la convivencia y la percepción de seguridad.
“Este proyecto de ley no busca solamente sancionar conductas, sino también prevenir situaciones que deterioran la convivencia y aumentan la percepción de inseguridad”, señaló.
La autoridad explicó que las incivilidades tienen un efecto especialmente significativo en el uso de los espacios públicos.
“Las incivilidades y el vandalismo afectan directamente la calidad de vida de las personas, especialmente de las mujeres, quienes muchas veces ven restringida su libertad para transitar y ocupar los espacios públicos cuando estos se encuentran deteriorados o abandonados”, indicó.
Una respuesta frente al deterioro urbano
El Gobierno señaló que el proyecto busca hacerse cargo de una realidad que preocupa crecientemente a la ciudadanía y que influye en la sensación de inseguridad.
Según explicó Guerrero, existe una brecha importante entre los niveles efectivos de victimización y la percepción de inseguridad que experimentan las personas.
“Nuestro desafío es reducir esa distancia y construir herramientas que permitan mejorar la convivencia, recuperar los espacios públicos y fortalecer la seguridad de las comunidades”, concluyó.
Con una inversión superior a los $2.250 millones, Ñuñoa busca recuperar espacios públicos, reforzar la seguridad y reducir el impacto que el vandalismo y las incivilidades generan en la calidad de vida de miles de vecinos.
