La salud no avanza sin ciencia, pero tampoco sin decisiones políticas que traduzcan ese conocimiento en cobertura real, así lo declara la Organización Mundial de la Salud en la conmemoración del Día Mundial de la Salud.
En el caso chileno, esta relación ha sido evidente a lo largo de los años. Durante el siglo XX, la realidad sanitaria estuvo marcada por enfermedades infecciosas, pobreza y desnutrición, que definían la mortalidad, especialmente en la población infantil. Frente a esto, el país implementó políticas de atención primaria, programas de vacunación masiva y estrategias alimentarias que transformaron la estructura sanitaria nacional. Gracias a este esfuerzo, Chile pasó de reaccionar a las enfermedades a prevenirlas, logrando hitos como la disminución de la mortalidad infantil, la erradicación de la poliomielitis y el control del sarampión.
Sin embargo, al entrar en el siglo XXI, el escenario ha cambiado drásticamente. Hoy, el perfil epidemiológico está dominado por enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y la hipertensión, que generan una alta carga para el sistema de salud y afectan la calidad de vida. En la infancia, el problema también evolucionó: la malnutrición ya no se asocia a la falta de alimentos, sino al exceso y la baja calidad nutricional, posicionando a Chile con altas cifras de sobrepeso y obesidad infantil. A esto se suma la salud mental como un desafío transversal, con una alta prevalencia de depresión y ansiedad, agravada tras la pandemia.
Pese a contar con herramientas como el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), persisten brechas en el acceso, diagnóstico oportuno y continuidad de tratamientos. Las determinantes sociales de la salud siguen influyendo directamente en el riesgo de enfermar, manteniendo desigualdades en el acceso a terapias y cuidados prolongados.
Es en este contexto donde la ciencia aplicada se vuelve clave. La investigación no puede ser un esfuerzo aislado, sino que debe convertirse en un insumo central para diseñar políticas públicas efectivas, integrando evidencia, contexto social y necesidades reales. Solo mediante esta articulación entre ciencia y decisiones públicas será posible enfrentar los nuevos desafíos sanitarios, asegurando que los avances científicos se traduzcan en mejor calidad de vida y una salud más equitativa para toda la población.
