El domingo 8 de febrero de 2026, el “gabinete de seguridad” israelí aprobó medidas que aceleran la expansión ilegal de asentamientos en Cisjordania y refuerzan la anexión de facto de tierras palestinas, mediante cambios en registros de tierras, planificación y normativa, en contravención del derecho de la ocupación.
El ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha declarado públicamente que el objetivo es “profundizar nuestras raíces en todas las regiones de la Tierra de Israel y enterrar la idea de un Estado palestino”.
Las medidas introducen cambios jurídicos, administrativos y territoriales con amplias implicaciones para los derechos de propiedad palestinos, eliminando restricciones a transacciones de tierras y facilitando la adquisición de tierras palestinas por colonos israelíes.
Estas facultades permiten aumentar las demoliciones de viviendas e infraestructuras palestinas y expandir colonias de asentamientos exclusivas para judíos en tierras confiscadas.
Bajo la misma lógica de anexión, se transfirió la autoridad sobre permisos de edificación en Hebrón —incluida la Mezquita Ibrahimi— a la Administración Civil israelí, desmantelando el Acuerdo de Hebrón de 1997. Un patrón similar amenaza a Belén, consolidando una anexión de facto y una soberanía impuesta por la potencia ocupante.
Las autoridades israelíes buscan extender el control administrativo hacia las Áreas A y B, bajo pretextos como patrimonio, arqueología, medio ambiente y regulación del agua.
Estos hechos generan serias preocupaciones desde el derecho internacional, que establece que Cisjordania, incluida Jerusalén Este, sigue siendo territorio ocupado y que cualquier intento unilateral de alterar su estatus carece de efecto legal. Estas medidas afectan el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, fragmentando el territorio y debilitando su gobernanza.
El Estado de Palestina sostiene que Israel no tiene soberanía sobre el territorio ocupado y que la adquisición de territorio por la fuerza está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y resoluciones del Consejo de Seguridad. En 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe finalizar lo antes posible.
El rechazo internacional incluye Naciones Unidas, la Unión Europea, España, Reino Unido, Estados Unidos, el Bloque Árabe-Islámico y la Organización para la Cooperación Islámica, que consideran estas medidas una amenaza a la solución de dos estados y una violación del derecho internacional.
Tras 77 años de la Nakba y décadas de ocupación, las decisiones unilaterales continúan sin un freno real, mientras las condenas verbales no se traducen en acciones concretas. Las vidas y los derechos del pueblo palestino no son negociables ni aplazables, y la falta de rendición de cuentas refuerza la consolidación de hechos ilegales sobre el terreno.
Por Vera Baboun
Embajadora del Estado de Palestina en Chile
