No podemos negar que el sistema frontal mantiene a las regiones en alerta. Y se entiende; es dar espacio a lo que la naturaleza, y el cambio climático, nos vienen indicando hace tiempo. Está presente, se manifiesta y, con este nuevo evento, Chile enfrenta una nueva prueba: ¿hemos aprendido realmente?
Nadie puede negar que Chile es un país expuesto a las catástrofes. Su geografía, extensa y diversa, hace que cada región enfrente estos fenómenos de manera distinta, no solo por los recursos disponibles, sino también por sus capacidades de respuesta.
Sin embargo, al observar los llamados y las precauciones que hoy se difunden —limpieza de canales, revisión de luces de emergencia, preparación de kits, entre otros— surge una pregunta inevitable: ¿por qué siempre parece ser a última hora? ¿No deberíamos estar preparados de manera permanente y no solo cuando se anuncia un sistema frontal?
Los medios han cubierto ampliamente la noticia, pero sus efectos son ambiguos. Por un lado, se instala la idea de “otra alarma más” que quizás no se concretará; por otro, se genera un temor que paraliza. Lo que sigue ausente es una verdadera cultura preventiva. Así, las recomendaciones aparecen como reacciones tardías y, lo más preocupante, no siempre consideran a los sectores más vulnerables.
¿Qué ocurre con los terrenos tomados o con las construcciones emplazadas en zonas de riesgo? El peligro es evidente. Pero también existe en lugares donde sí se autorizó construir. La naturaleza, tarde o temprano, retoma su cauce y entonces surge la discusión sobre las responsabilidades.
¿Y qué pasa con las localidades aisladas que pueden quedar aún más incomunicadas durante un temporal? ¿Por qué no se trabajó antes en mejorar sus accesos? Resulta inquietante observar cómo, en medio de estas emergencias, algunos buscan reconocimiento por medidas que debieron implementarse mucho antes.
En otros países, frente a eventos climáticos extremos, las acciones preventivas se ejecutan con anticipación. Las personas permanecen resguardadas en sus hogares o son trasladadas oportunamente a albergues, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en resolver situaciones imprevistas y reducir los riesgos.
En Chile, en cambio, seguimos viendo periodistas transmitiendo desde bordes costeros, personas acercándose a zonas inundables para registrar imágenes, familias que se resisten a abandonar sus viviendas por temor a robos e, incluso, trabajadores que deben negociar con sus empleadores para proteger su integridad. Ninguna de estas situaciones debería formar parte de una emergencia bien gestionada.
Aun así, es justo reconocer a quienes han aprendido e incorporado nuevas prácticas de prevención, comprendiendo que el cuidado del entorno y de las personas es una responsabilidad compartida. Porque no basta con reaccionar; debemos aprender a convivir con la naturaleza de manera más consciente y responsable.
Sin embargo, esa responsabilidad no puede recaer por igual sobre todos cuando las condiciones de origen son profundamente desiguales. Son las familias en situación de mayor vulnerabilidad las que enfrentan los mayores riesgos: viviendas precarias, territorios expuestos y menor acceso a información o redes de apoyo.
Allí donde el Estado llega tarde —o simplemente no llega— la emergencia deja de ser solo climática y se convierte también en una emergencia social. Mientras esa realidad no sea incorporada de forma decidida en las políticas de prevención, cada nuevo sistema frontal seguirá siendo una prueba que, como país, continuamos rindiendo tarde e incompletamente.
