Defensoría de la Niñez alerta brechas en protección infantil

Defensoría de la Niñez interpone recurso por graves vulneraciones en residencia del Barrio Yungay

El Informe Anual 2026 advierte que 649 niños y niñas menores de cuatro años permanecían en residencias de protección y que un programa de representación jurídica proyectaba hasta 428 casos por abogado. El organismo pide fortalecer los recursos, los equipos profesionales y la supervisión del sistema.

La falta de capacidad de respuesta del sistema de protección, las brechas en el cuidado familiar y la sobrecarga de los programas de representación jurídica son algunas de las principales alertas del Informe Anual 2026 de la Defensoría de la Niñez. El documento advierte dificultades para garantizar una atención oportuna y especializada a niños, niñas y adolescentes, y plantea la necesidad de fortalecer los recursos y la coordinación de las instituciones responsables.

El informe fue presentado por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, durante la Cuenta Pública institucional. Entre sus antecedentes, destaca que Chile registraba 180.765 medidas de protección vigentes al cierre de 2025, según información del Poder Judicial. A esto se suma que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban en listas de espera para ingresar a programas de protección, una situación que la institución ya había advertido anteriormente.

El diagnóstico apunta a un problema de fondo: no basta con contar con medidas de protección y programas especializados si las instituciones no tienen los recursos humanos, financieros y técnicos para responder a las necesidades de cada niño, niña o adolescente.

“Uno de los principales desafíos del país es asegurar que el sistema de protección tenga la capacidad de responder a tiempo. No basta con que existan medidas de protección o programas destinados a atender a los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos instituciones que cuenten con los recursos, los equipos especializados y la coordinación necesaria para garantizar sus derechos y evitar que quienes ya han sufrido vulneraciones enfrenten nuevas situaciones de desprotección”, señaló Anuar Quesille.

Cuidado familiar: 649 niños menores de cuatro años en residencias

Uno de los hallazgos del informe muestra las brechas que persisten en el cuidado alternativo. Durante marzo de 2026, 649 niños y niñas de entre 0 y 3 años fueron atendidos en residencias de protección, pese a que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que, especialmente durante la primera infancia, se debe priorizar el cuidado en un entorno familiar.

El documento también identifica dificultades que enfrentan algunas familias de acogida para acceder oportunamente a prestaciones de salud, educación y beneficios sociales. A ello se suman problemas de coordinación y acompañamiento por parte de las instituciones responsables.

Frente a este escenario, la Defensoría recomienda al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Servicio Nacional de Protección Especializada revisar el modelo de financiamiento de las familias de acogida. También plantea establecer apoyos diferenciados según las necesidades de cada niño, niña o adolescente y fortalecer la supervisión y coordinación institucional.

El informe advierte, además, brechas en las políticas públicas dirigidas a adolescentes. Uno de los indicadores que genera preocupación es la disminución del porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años que declaran estar muy satisfechos con su vida: pasó de 34% en 2015 a 31% en 2025.

La Defensoría vincula esta preocupación con la reducción presupuestaria que afecta a instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Representación jurídica: hasta 428 casos por abogado

Otra de las alertas centrales se relaciona con la sobrecarga de los programas de representación jurídica especializada. En el programa La Niñez y Adolescencia se Defienden, las cifras proyectadas para 2025 muestran un promedio de 428 casos por abogado, frente a un límite técnico de 150. En el caso de los trabajadores sociales, la carga alcanzaba los 1.653 casos por profesional.

Según el informe, esta situación dificulta el trabajo interdisciplinario y reduce las posibilidades de mantener contacto directo y oportuno con los niños, niñas y adolescentes representados. Esto afecta las condiciones necesarias para ofrecer una defensa integral y especializada.

Para enfrentar estas brechas, la Defensoría recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalecer los equipos profesionales e incorporar psicólogos de manera permanente al programa. También propone que la Dirección de Presupuestos revise los recursos destinados a esta labor.

Las alertas presupuestarias adquieren especial relevancia en medio de la discusión del Presupuesto 2027. El análisis de la Defensoría identificó disminuciones en 102 de las 197 asignaciones examinadas destinadas a niños, niñas y adolescentes, entre ellas recursos vinculados al cuidado alternativo.

“Cuando hablamos de financiamiento para la niñez, hablamos de las condiciones que permiten proteger sus derechos. Se trata de que un niño o niña pueda crecer en un entorno familiar seguro, de que las familias reciban los apoyos necesarios y de que quienes enfrentan un proceso judicial cuenten con profesionales que puedan conocer su situación, escucharlos y representarlos adecuadamente. Las decisiones presupuestarias deben considerar estas necesidades concretas”, enfatizó Quesille.

Fiscalización y acciones judiciales para exigir protección

Entre julio de 2025 y junio de 2026, la Defensoría recibió 2.958 requerimientos. El 60% estuvo relacionado con vulneraciones de derechos, principalmente en contextos familiares, escolares e institucionales.

Durante el mismo período, la institución presentó 37 querellas, un 36% más que en el período anterior. También intensificó su labor de fiscalización mediante 26 visitas a residencias de protección, centros penitenciarios y centros de justicia juvenil, lo que representa un aumento del 62,5%.

A estas acciones se sumaron 25 misiones de observación, un incremento del 38,9% respecto del período anterior. Estas se realizaron en establecimientos educacionales, campamentos, comisarías, residencias y albergues.

Entre las actuaciones judiciales destacadas figura una acción de protección presentada en favor de 21 niños, niñas y adolescentes de una residencia de administración directa en Punta Arenas, quienes enfrentaban graves situaciones de desprotección y violencia.

La Corte Suprema acogió la acción y ordenó a las instituciones responsables adoptar medidas coordinadas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados.

Participación de niños, niñas y adolescentes

En su octava edición, el Informe Anual incorpora cinco notas temáticas sobre participación, desarrollo adolescente, representación jurídica, acogimiento familiar y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

Las investigaciones incluyen recomendaciones para fortalecer las políticas públicas. Entre ellas, proponen mejorar la convivencia educativa, ampliar los espacios públicos y recreativos seguros, reforzar los mecanismos de participación y asegurar que las opiniones de niños, niñas y adolescentes sean consideradas en las decisiones de las autoridades.

La elaboración de estas notas temáticas contó con la participación de niños, niñas y adolescentes, cuyas experiencias y opiniones contribuyeron a identificar problemas y formular propuestas.

El lanzamiento también incorporó su participación. Niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Joaquín colaboraron en la preparación de la actividad y en el concurso fotográfico “Los derechos humanos desde mi mirada”, cuyas imágenes forman parte de la publicación.

“El desafío es cerrar la distancia entre los derechos que reconocemos en las leyes y la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes. Para eso necesitamos instituciones que escuchen, respondan y actúen oportunamente, pero también que incorporen sus experiencias y propuestas en las decisiones públicas. Ese es el llamado que hacemos a través de este Informe Anual”, concluyó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Isabel Chandía

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