Ante la discusión del proyecto de ley sobre convivencia escolar en la Comisión de Educación del Senado, coincidimos en que cualquier iniciativa legislativa que busque mejorar la convivencia escolar debe ir acompañada de recursos efectivos.
Las comunidades educativas necesitan profesionales preparados para abordar conflictos, acompañar a los estudiantes y apoyar a los equipos docentes. Sin esa ayuda, las mejores intenciones terminan siendo difíciles de implementar.
También compartimos la preocupación por una regulación excesivamente rígida. La convivencia escolar requiere flexibilidad, capacidad de adaptación y herramientas diversas, porque cada comunidad tiene realidades y necesidades distintas. En colegios como los nuestros, donde la formación valórica, el trabajo con las familias y la prevención son esenciales, las soluciones “únicas” rara vez responden a la complejidad del territorio.
A esto se suma la creciente carga administrativa que enfrentan docentes y directivos. Cualquier política pública que aumente ese peso termina alejando a los equipos educativos de su rol principal: enseñar, acompañar y generar vínculos de confianza con los estudiantes. Más burocracia no mejora la convivencia; el trabajo humano y cercano, sí.
Valoramos que el país avance hacia una legislación que resguarde comunidades educativas seguras y respetuosas. Sin embargo, para que esta ley realmente contribuya, es indispensable que considere financiamiento adecuado, espacio para innovar y menos trámites, de modo que las escuelas puedan enfocarse en lo esencial: formar personas íntegras y brindar oportunidades reales a cada estudiante.
Andrés Benítez , Subdirector de Formación y Convivencia Escolar
Fundación Nocedal
