Desde el 13 de febrero de 2026, los locales de expendio de alimentos debieron eliminar utensilios plásticos desechables y los supermercados debieron asegurar mayor presencia de botellas retornables, marcando un hito en la reducción de residuos en Chile.
El 13 de febrero de 2026 comenzó a regir el último tramo de la Ley 21.368, conocida como la Ley de Plásticos de un Solo Uso, una normativa orientada a reducir la generación de residuos y la contaminación por plásticos en Chile mediante la eliminación progresiva de productos desechables en locales de comida y supermercados.
A partir de esa fecha, los establecimientos de expendio de alimentos como restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de soda y locales de comida rápida solo pudieron entregar artículos reutilizables o desechables distintos al plástico para el consumo dentro de sus locales. Además, los supermercados debieron contar con al menos el 30% de sus vitrinas de bebidas con botellas retornables, fortaleciendo el sistema de reutilización.
La subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, Tania Rheinen, señaló que “gracias a esta ley evitaremos miles de toneladas anuales de plásticos de un solo uso”, agregando que reducir el uso de estos materiales no solo protegía los océanos y las especies marinas, sino que también contribuía a disminuir la carga de residuos en las ciudades.
La entrada en vigencia del tramo final de la normativa había estado originalmente prevista para 2024, pero fue postergada tras presiones de sectores contrarios a la medida. Una modificación publicada el 12 de agosto de 2024 retrasó su implementación por casi un año, período durante el cual se permitió únicamente el uso de artículos distintos del plástico, como papel, cartón o madera, para el consumo dentro de los locales.
Roxana Núñez, encargada de Incidencia de Campañas en Greenpeace, celebró la plena entrada en vigor de la ley, aunque advirtió que si la normativa no se hubiese postergado, Chile habría avanzado antes en la reducción de la contaminación plástica, señalando que las prórrogas significaron años perdidos y toneladas adicionales de residuos que llegaron a los ecosistemas.
Las primeras exigencias de la ley comenzaron a regir en febrero de 2022, con la prohibición de entregar bombillas, cubiertos, palillos, revolvedores y artículos de plumavit en locales de expendio de alimentos, además de exigir la venta y recepción de envases retornables en supermercados, obligación que posteriormente se extendió a minimarkets y almacenes de barrio.
El objetivo de la normativa fue frenar la contaminación por plásticos de un solo uso, considerando que cerca del 70% de la basura encontrada en las playas de Chile y del mundo correspondía a este tipo de desechos. De acuerdo con estimaciones de Oceana, la implementación de la ley podía prevenir más de 23 mil toneladas anuales de plásticos de un solo uso generados en locales de expendio de alimentos.
Desde la Coalición Supera el Plástico se hizo un llamado a las municipalidades, encargadas de fiscalizar la normativa, así como a los locales de comida y a los consumidores, para asegurar su cumplimiento efectivo.
Finalmente, Manuel Rojo, de Alianza Basura Cero, señaló que la entrada en vigencia plena de la ley entregó certeza tanto a los locales como a la ciudadanía, aunque advirtió que aún existían puntos ciegos y que era necesario avanzar hacia mayor fiscalización y estándares más estrictos en la reducción de desechos innecesarios.
La Coalición Supera el Plástico está conformada por Fundación Basura, ONG FIMA, Ceus, Uno Punto Cinco, Plastic Oceans, Ecosur, Alianza Basura Cero, Greenpeace, Fundación Lenga, Fundación El Árbol, RADA, Fundación Chile Verde, Fundación Ecociencias, Tremendas, Ojos de Mar y Oceana.
