La Universidad de Chile, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y SENAMA firmaron un acuerdo para contribuir a la futura Política Nacional de Envejecimiento. La iniciativa se presentó junto con los resultados de una encuesta que revela que el 84% de la población considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento.
La Universidad de Chile, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el trabajo conjunto en la elaboración de la futura Política Nacional de Envejecimiento.
El acuerdo se enmarca en la implementación de la Ley N.º 21.822, que establece medidas para promover los derechos de las personas mayores y avanzar hacia un envejecimiento digno, activo y saludable. La colaboración permitirá aportar conocimientos académicos, investigación y antecedentes técnicos para elaborar un diagnóstico que oriente las futuras acciones del Estado.
La ceremonia contó con la participación de la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; y la directora nacional de SENAMA, Muriel Abad.
La ministra Wulf destacó la importancia de reconocer las capacidades de las personas mayores y garantizar su participación en las decisiones que afectan sus vidas.
“Las personas mayores tienen proyectos, capacidades y ganas de seguir contribuyendo. Debemos abrir espacios para esa participación y escuchar su voz en las decisiones que las afectan. Cumplir años no puede significar perder el lugar en la sociedad, ni el derecho a decidir sobre la propia vida”, afirmó.
Por su parte, la rectora Alejandra Mizala destacó el aporte de la investigación académica y la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.
“El convenio que hoy firmamos permitirá proyectar el trabajo entre la U. de Chile y el SENAMA. Su aporte será reunir y analizar evidencia producida desde distintas disciplinas, y ponerla en diálogo con las experiencias y prioridades expresadas por las personas mayores en las instancias participativas”, señaló.
La rectora agregó que integrar la evidencia científica con las experiencias de las personas mayores permite identificar problemas, evaluar alternativas y formular recomendaciones que respondan a sus necesidades y prioridades.
La directora nacional de SENAMA, Muriel Abad, sostuvo que la alianza contribuirá a fortalecer el diagnóstico y la generación de evidencia para diseñar políticas públicas acordes con los desafíos del envejecimiento de la población.
“Esta alianza representa un paso concreto en la implementación de la Ley 21.822, promoviendo acciones coordinadas para garantizar los derechos de las personas mayores y fomentar un envejecimiento digno, activo y saludable”, indicó.
El 84% cree que Chile no está preparado para envejecer
Durante la misma jornada se presentaron los resultados de la Octava Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, elaborada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en colaboración con SENAMA.
El estudio constituye una de las principales series de medición del país sobre las percepciones sociales de la vejez. Cuenta con ocho mediciones representativas realizadas entre 2008 y 2025 y, a diferencia de otras encuestas, consulta a la población adulta cómo percibe la inclusión y exclusión de las personas mayores, en lugar de preguntar directamente a este grupo por sus condiciones de vida.
La octava versión se aplicó entre febrero y marzo de 2025 y analizó dimensiones institucionales, relacionales, simbólicas y subjetivas. Sus resultados aportan antecedentes para el diseño de políticas públicas relacionadas con el envejecimiento, la inclusión social, la participación y los cuidados.
Entre los principales hallazgos, el 84% de las personas encuestadas considera que Chile está poco o nada preparado para enfrentar el envejecimiento. Además, el 81% cree que las autoridades no consideran las necesidades de las personas mayores, mientras que el 45% estima que este grupo está muy marginado y el 68% considera que sus aportes a la sociedad se desaprovechan.
La encuesta también evidencia preocupación por los cuidados y la dependencia: el 82% considera insuficiente el apoyo disponible ante situaciones de dependencia. Sin embargo, el 53,5% estaría dispuesto a pagar un impuesto específico para financiar una red de protección, lo que refleja una disposición ciudadana a contribuir a la búsqueda de soluciones.
La directora nacional de SENAMA, Muriel Abad, destacó que estos resultados aportan información relevante para el debate público y la formulación de políticas relacionadas con el envejecimiento.
Aunque la ciudadanía percibe que el país aún no está suficientemente preparado para responder a las necesidades de las personas mayores, la autoridad subrayó la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, libre de prejuicios y que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos y protagonistas de sus comunidades.
La academia aportará evidencia para la política pública
La Universidad de Chile participará en la sistematización técnica de las instancias participativas que organice SENAMA. En este trabajo colaborarán la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), el Programa Envejecimiento Activo y Saludable y distintas unidades académicas.
El vicerrector de Investigación y Desarrollo, James McPhee, destacó la responsabilidad de la universidad de contribuir con sus capacidades académicas y científicas a la elaboración de recomendaciones para el Estado.
“Para nuestra universidad es un orgullo colaborar con nuestras capacidades académicas y de investigación en esta tarea. El envejecimiento activo exige que las políticas públicas se construyan escuchando la realidad de los territorios y de los distintos grupos de la sociedad”, señaló.
McPhee agregó que la institución buscará aportar al análisis de los diálogos con la sociedad civil, la academia y las organizaciones de personas mayores, además de difundir los resultados mediante seminarios y publicaciones.
La encuesta es dirigida por los académicos Marcelo Arnold-Cathalifaud y Daniela Thumala-Dockendorff, del Núcleo Interdisciplinario de Psicogerontología (NIP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El estudio se desarrolla bajo el alero del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO), en alianza con SENAMA. En esta edición también participaron los sociólogos Daniel López y Cristian Massad.
Autonomía y cuidados: desafíos para Chile
El académico Marcelo Arnold-Cathalifaud destacó la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente al envejecimiento y a las necesidades de apoyo de la población.
“El 84% de los chilenos y chilenas cree que el país está poco o nada preparado para el envejecimiento, y el 82% considera insuficiente el apoyo ante la dependencia. Pero más de la mitad, el 53,5%, estaría dispuesta a pagar un impuesto específico para financiar una red de protección. La ciudadanía ya dio un paso. Ahora el desafío es que las instituciones estén a la altura de esa disposición”, afirmó.
Por su parte, la académica Daniela Thumala-Dockendorff advirtió sobre la distancia entre la autonomía real de las personas mayores y la percepción que tiene la ciudadanía sobre sus capacidades.
“En 2008, el 59,5% creía que Chile no estaba preparado para envejecer; hoy lo cree el 84%. Y aunque casi ocho de cada diez personas mayores se valen por sí mismas, apenas el 41,3% de la población cree que pueden hacerlo. Una sociedad que ve dependencia donde hay autonomía termina tratando a sus mayores como dependientes”, señaló.
La académica también anunció la continuidad de esta línea de investigación con la Novena Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores, que llevará por nombre “Chile se mira envejecer: de la voz ciudadana a la política pública”.
Durante la jornada se entregó el archivo con los resultados de la octava edición, publicación que busca contribuir al debate público y académico sobre el envejecimiento en Chile. La serie de estudios también ha aportado antecedentes a la discusión legislativa sobre los derechos de las personas mayores y a iniciativas relacionadas con el buen trato y la prevención de la discriminación por edad.
La nueva medición permitirá seguir observando la evolución de las percepciones sociales sobre la vejez y aportar evidencia para el desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades y los derechos de las personas mayores.
