Las celebraciones del 18 de septiembre nos convocan a renovar el compromiso con el desarrollo del país, el bienestar social y la generación de empleos de calidad que impulsen la movilidad social. Sin embargo, en la actualidad, cuando proyectamos nuestra trayectoria al progreso, debemos enfrentar un obstáculo estructural ineludible: la crisis de talento que amenaza nuestra competitividad en el mercado global.
Hoy, en medio de un desempleo creciente, nos enfrentamos a la paradoja de personas sin trabajo y puestos vacantes por la ausencia de trabajadores calificados. Esta brecha evidencia la desconexión entre las competencias disponibles y los requerimientos del sector productivo, distanciamiento que la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización están profundizando progresivamente.
A medida que el país busca reactivar la economía —con proyectos por US$ 110 mil millones en minería y más de 90 mil puestos requeridos en la construcción—, enfrentamos un cuello de botella crítico. De poco servirá destrabar la permisología y fortalecer el mercado de capitales si las empresas carecen de capital humano calificado para llevar adelante los proyectos. Si no resolvemos esta brecha, las inversiones se ralentizarán por falta de fuerza de trabajo o, incluso, las empresas podrían verse forzadas a importar talento, restando valiosas oportunidades al empleo local.
Frente a esto, la reconversión en el puesto de trabajo es una urgencia nacional y para ello la capacitación es la herramienta central. No obstante, la reciente reforma que redujo la franquicia tributaria del 1% al 0,7% contrapone la política pública con lo que el mercado requiere: restar recursos cuando más se exige actualizar competencias es un contrasentido que debemos corregir mediante un nuevo proyecto de ley que perfeccione el mecanismo y permita que las necesidades de las empresas y la disponibilidad de trabajadores competentes estén sincronizados.
Para ello, resulta indispensable redefinir el sistema sobre cuatro pilares fundamentales: pertinencia, calidad, trazabilidad y cobertura.
En concreto, estamos convencidos de que la capacitación debe responder a la demanda real de las empresas como, por ejemplo, entregar herramientas para especialidades técnicas o para perfeccionar las habilidades frente al uso de la IA.
A su vez, resulta urgente fijar estándares mínimos y acreditación para los oferentes de capacitación, de modo de asegurar que se impartan programas de valor y con impacto real.
También es clave que se pueda dar seguimiento a las capacitaciones ya entregadas, pues es ineficiente que el Estado termine financiando dos veces un mismo curso cuando un trabajador se cambia de empresa. Son nudos que deben resolverse: el Estado optimizará el uso de recursos y los trabajadores podrán realizar las capacitaciones realmente necesarias.
Y un punto central es facilitar la integración de las pymes al mundo de la capacitación: ellas concentran el 40% de la fuerza laboral y hoy subutilizan el sistema por trabas burocráticas y financieras.
Nuestra invitación es que celebremos este nuevo 18 de septiembre con una mirada que permita proyectar a Chile como un país competitivo e inclusivo. Modernizar la capacitación laboral, con sentido de urgencia, es el verdadero compromiso que necesitamos impulsar para asegurar un mejor futuro para todos los chilenos.
José Garay
Gerente General OTIC CChC
