Sueldo mínimo, Ingreso Mínimo Mensual, Ley 21.751 y mercado laboral vuelven al centro del análisis público con la entrada en vigencia del nuevo reajuste salarial. Desde el 1 de enero de 2026, el Ingreso Mínimo Mensual en Chile asciende a $539.000 brutos para trabajadores y trabajadoras entre 18 y 65 años, una cifra definida por ley y con efectos jurídicos y económicos inmediatos, más allá del debate político coyuntural.
Este reajuste no responde a una negociación pendiente ni a una proyección futura, sino a la aplicación concreta de la Ley N° 21.751, que cerró un ciclo de aumentos graduales iniciado en 2023. En menos de tres años, el sueldo mínimo pasó de $440.000 a $539.000, combinando incrementos nominales y mecanismos de reajuste automático vinculados a la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo en un contexto de aumento sostenido del costo de la vida.
Desde una mirada técnica, el sueldo mínimo cumple un rol estructural en el sistema laboral. No solo establece el piso salarial que debe pagar un empleador, sino que impacta múltiples parámetros legales, como ingresos mínimos para fines no remuneracionales, referencias administrativas y el diseño de políticas públicas. Su alcance, por tanto, trasciende la relación laboral individual y se proyecta sobre todo el entramado económico y social.
No obstante, el análisis no puede quedarse únicamente en la cifra. El principal desafío está en la sostenibilidad del ajuste, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes más estrechos y menor capacidad de absorción de costos. Para estos empleadores, el nuevo salario mínimo exige planificación financiera, revisión de estructuras salariales y reorganización de funciones o jornadas, elementos clave para evitar impactos negativos en el empleo.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el aumento nominal es una señal positiva, pero su efecto real depende de variables externas. Inflación, costo de la canasta básica, acceso a servicios esenciales y estabilidad laboral determinan si el reajuste se traduce efectivamente en una mejora de la calidad de vida. Un salario mínimo más alto pierde fuerza si no se acompaña de crecimiento económico, productividad y políticas laborales complementarias.
El reajuste de 2026 entrega certeza jurídica, pero también abre una discusión de fondo: cómo avanzar hacia salarios dignos sin comprometer la empleabilidad, y cómo equilibrar la protección social con la viabilidad de quienes generan empleo. El sueldo mínimo no resuelve por sí solo las brechas estructurales del mercado laboral, pero sí define el estándar mínimo que una sociedad considera aceptable para vivir.
En definitiva, el debate no debiera centrarse solo en el monto, sino en el modelo laboral y productivo que el país busca consolidar. El aumento a $539.000 representa un paso relevante, pero el desafío de largo plazo sigue siendo construir un sistema que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad, capaz de responder tanto a las necesidades de los trabajadores como a las realidades de las empresas.
Camila Castro
Directora Carrera Contador Auditor
Universidad de Las Américas
