Especialista advierte que fortalecer la reinserción social requiere más que nuevas estructuras administrativas: demanda evidencia, inversión sostenida y un compromiso real del Estado y la sociedad para reducir la reincidencia y reconstruir trayectorias de vida.
El debate sobre la reinserción social en Chile ha vuelto al centro de la discusión pública con la creación de nuevas estructuras institucionales orientadas a enfrentar la reincidencia y promover procesos de reintegración. Sin embargo, especialistas advierten que la creación de servicios o ministerios dedicados a esta materia no garantiza por sí sola resultados efectivos si no existe una convicción pública y política sostenida sobre su importancia. Así lo plantea Estela Adasme, académica de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, quien sostiene que la reinserción social debe entenderse como una política de Estado que vaya más allá de los cambios administrativos.
Según la especialista, la creación de una nueva institucionalidad dedicada a la reinserción —como el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Chile o la eventual discusión sobre un ministerio especializado— representa un hito relevante en la política criminal del país, ya que reconoce que la seguridad pública no se limita al control y el castigo, sino que también requiere estrategias sostenidas para evitar la reincidencia y reconstruir trayectorias de vida interrumpidas por la exclusión social y la violencia.
No obstante, este avance institucional convive con una pregunta que persiste en el debate público y académico: si estas reformas representan una transformación real o simplemente un cambio de nombre que no modifica las lógicas punitivas predominantes.
Diversos expertos coinciden en que la especialización de las instituciones es un paso necesario. Separar las funciones de custodia, seguridad y control de aquellas orientadas a la intervención psicosocial, educativa y laboral es considerado un requisito fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción efectivos.
Sin embargo, la creación de nuevos organismos no asegura automáticamente mejores resultados. De acuerdo con Adasme, uno de los problemas estructurales que arrastra la reinserción social en Chile es la debilidad de sus mecanismos de evaluación. Durante años, señala, se han implementado programas sin indicadores claros, sin seguimiento longitudinal y sin evidencia sólida que permita medir su impacto real en la reducción de la reincidencia.
En ese contexto, hablar de reinserción corre el riesgo de transformarse en una consigna bien intencionada, pero vacía, si no se acompaña de políticas públicas basadas en evidencia y evaluaciones rigurosas.
La académica plantea que la pregunta central no es si Chile necesita una institucionalidad de reinserción —algo que hoy parece ampliamente consensuado—, sino qué tipo de reinserción está dispuesto a sostener como política de Estado. En su opinión, la reinserción social no es una política políticamente rentable en el corto plazo, ya que requiere inversión sostenida, equipos profesionales especializados, coordinación intersectorial y una convicción pública de que las personas que han delinquido siguen siendo sujetos de derechos.
En este debate, agrega, la discusión suele polarizarse artificialmente entre posturas de “mano dura” y enfoques garantistas, cuando en realidad la evidencia demuestra que las estrategias exclusivamente punitivas no han logrado reducir la reincidencia ni mejorar la seguridad. El resultado ha sido cárceles sobrepobladas, altos niveles de reincidencia y comunidades que continúan enfrentando problemas de inseguridad.
“Sin políticas de reinserción efectivas, el castigo termina convirtiéndose en un círculo vicioso”, advierte la especialista.
A esto se suma una dimensión cultural que muchas veces queda fuera del debate público: el profundo estigma social que enfrentan las personas que han pasado por el sistema penal. Según Adasme, la reinserción no fracasa únicamente por fallas institucionales, sino también por las barreras sociales que dificultan el acceso a empleo, educación, vivienda y redes comunitarias.
Desde la perspectiva del Trabajo Social, la exclusión laboral, educativa y comunitaria opera como un factor determinante en la reincidencia, por lo que pretender procesos de reintegración sin políticas articuladas de empleo, vivienda y protección social puede terminar generando procesos de inclusión fallida.
En este escenario, la creación de una nueva institucionalidad de reinserción representa tanto una oportunidad como una responsabilidad. Para la académica, no basta con modificar estructuras administrativas; es necesario fortalecer una ética de intervención centrada en derechos, producir evidencia rigurosa y sostener públicamente la importancia de la reinserción incluso cuando resulte políticamente incómoda.
“La reinserción social no es solo una política penal: es una expresión concreta del tipo de sociedad que estamos dispuestos a construir”, concluye Estela Adasme.
