El Ejecutivo impulsa una Ley Marco de Suelos para enfrentar la degradación ambiental, proteger la biodiversidad y asegurar la sostenibilidad productiva del país
Chile enfrenta una crisis ambiental silenciosa: más del 60% del territorio nacional presenta algún grado de erosión, situación que amenaza directamente la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la resiliencia climática del país. En este contexto, el Gobierno ingresó indicaciones sustitutivas al Proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), iniciativa que busca reconocer el suelo como un componente vital del medioambiente, superando su tradicional mirada como mero insumo productivo.
La propuesta legislativa cobra especial relevancia en un escenario marcado por denuncias por contaminación ambiental y por los impactos químicos y físicos derivados de los incendios forestales en la zona centro-sur. Casos como la demanda estatal contra la actividad minera en Puchuncaví por presencia de metales pesados han vuelto a instalar el debate sobre la degradación de origen antropogénico, así como la histórica falta de información científica y catastro actualizado, elementos que han dificultado una planificación territorial eficaz y sostenible.
El corazón de la iniciativa es la creación de una Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo, que estaría liderada por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Este organismo actuaría como articulador intersectorial, coordinando a los distintos servicios públicos para evitar que las medidas de protección y recuperación queden sin aplicación práctica.
Para José Manuel Bellalta, gerente general de GB Cinco Ambiental, el avance legislativo representa una señal clave para el mundo técnico y ambiental. “Chile arrastra pasivos ambientales históricos que requieren una gestión basada en evidencia científica. La implementación de un Catastro Nacional de Suelos, como propone la ley, permitirá identificar zonas vulnerables, funciones ecosistémicas y niveles de degradación, con información pública y de libre acceso”, señala.
A diferencia de normativas anteriores, el proyecto incorpora un enfoque de equidad territorial, mediante la creación de cinco comisiones macrozonales integradas por gobernadores regionales, académicos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de adaptar las medidas de protección a las realidades locales y fortalecer la gobernanza ambiental.
Bellalta destaca además la robustez técnica de la propuesta, que incluye lineamientos para la gestión de suelos con posible presencia de contaminantes, entregando certeza jurídica y ambiental tanto a comunidades como a inversionistas. La iniciativa contempla también la creación de un Instituto del Suelo en un plazo de cuatro años, una medida que, según especialistas, podría posicionar a Chile como referente regional en gobernanza ambiental y facilitar el acceso a financiamiento internacional verde.
El desafío final de la ley será armonizar los intereses de los sectores agrícola, forestal y ambiental, garantizando un desarrollo sostenible de largo plazo. Con la presentación de las indicaciones en enero de 2026, el Ejecutivo busca alinear los instrumentos de fomento productivo con la resiliencia climática, asegurando que el patrimonio del suelo se conserve y recupere en beneficio de las futuras generaciones.
