La iniciativa, que busca fortalecer la prevención de incendios forestales, regular las zonas de interfaz urbano-forestal y establecer obligaciones claras para privados, continuará su discusión tras el rechazo de dos artículos en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales continuará su tramitación en el Congreso luego de que la Cámara de Diputados no aprobara parte de su articulado, lo que obliga a que la iniciativa sea revisada en una comisión mixta. Con ello, la propuesta seguirá su curso legislativo en una instancia destinada a resolver las diferencias surgidas durante el tercer trámite constitucional.
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, lamentó la decisión adoptada por la Cámara y realizó un llamado a que esta normativa —calificada como una política de Estado— pueda avanzar durante el próximo Gobierno. “Hemos hecho todos los esfuerzos, primero en la Cámara de Diputados, luego en el Senado y ahora en un tercer trámite en la Cámara de Diputados, para que este proyecto viera la luz durante nuestro gobierno. Sin embargo, los parlamentarios han decidido revisar algunas cuestiones y cambios que el proceso generó en el proyecto de ley”, señaló.
La iniciativa tiene como objetivo perfeccionar los instrumentos preventivos, fortalecer la gestión del riesgo, ordenar el uso del territorio y establecer obligaciones claras para todos los actores involucrados. Uno de sus ejes centrales es la regulación más estricta de las zonas de interfaz urbano-forestal, donde se concentra la mayor parte de los siniestros y donde el impacto social, económico y ambiental es más severo.
El proyecto también incorpora herramientas de planificación territorial, exigencias de manejo de combustible vegetal, medidas de autoprotección y mayores atribuciones de fiscalización, con el fin de reducir la ocurrencia y propagación de incendios, especialmente en sectores rurales y periurbanos.
Según explicó la ministra, la Cámara rechazó dos artículos bajo el argumento de que exigir a privados medidas preventivas en sus predios podría ser considerado expropiatorio. Frente a ello, la autoridad enfatizó la relevancia de reconocer la función social de la propiedad en un contexto de riesgo creciente por eventos climáticos extremos.
“Espero que exista la voluntad de seguir adelante con esta tramitación tan necesaria para Chile y sus territorios rurales”, concluyó Fernández, subrayando que el país requiere una legislación moderna y robusta para enfrentar la creciente amenaza de incendios forestales.
Con su paso a comisión mixta, el proyecto abre una nueva etapa de discusión parlamentaria, clave para definir el marco normativo que regulará la prevención y mitigación de incendios en los próximos años.
