Mayor fiscalización, multas más elevadas y nuevas exigencias de trazabilidad en protección de datos personales están obligando a las empresas en Chile y la región a reforzar su cumplimiento normativo y gestión del riesgo legal y reputacional.
En un escenario marcado por mayor fiscalización y presión regulatoria, la protección de datos personales se ha consolidado como uno de los principales focos de riesgo para las empresas en Chile y Latinoamérica. En el contexto del Día Internacional de la Protección de Datos, que se conmemora cada 28 de enero, el endurecimiento normativo en la región está impulsando a las organizaciones a revisar sus sistemas de cumplimiento, control interno y gestión de la información.
En Chile, la entrada en vigencia progresiva de la nueva Ley de Protección de Datos Personales traerá consigo multas significativamente más altas, mayores exigencias de trazabilidad y la creación de una Agencia de Protección de Datos, elevando de manera concreta el estándar regulatorio que deben cumplir las empresas en el manejo de información sensible.
“La protección de datos dejó de ser un tema exclusivamente técnico o del área de TI. Hoy es un asunto legal, de cumplimiento y de gobernanza, con impacto directo en la gestión del riesgo y la reputación corporativa”, señala Lautaro Rodríguez, CEO de LemonTech.
Este proceso se inserta en una tendencia regional más amplia. Brasil fue uno de los primeros países en elevar sus estándares con la Ley General de Protección de Datos (LGPD), que ya cuenta con una autoridad activa y un historial creciente de fiscalizaciones y sanciones por incumplimientos.
En México, el marco normativo vigente impone obligaciones relevantes a empresas y plataformas digitales, con énfasis en el consentimiento, la seguridad de la información y la responsabilidad corporativa, mientras que en Colombia, la normativa en vigor desde 2012 es supervisada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que ha intensificado sus procesos administrativos y sancionatorios.
A este escenario se suma Perú, que recientemente actualizó el reglamento de su Ley de Protección de Datos Personales, incorporando mayores exigencias en seguridad, transparencia y responsabilidad, lo que ha obligado a muchas empresas a revisar y fortalecer sus procesos internos.
“Chile se está alineando con una tendencia regional clara: estándares más altos, mayor fiscalización y menos margen para errores en la gestión de datos personales. Para las empresas, esto implica profesionalizar sus procesos y contar con evidencia concreta de cumplimiento”, agrega Rodríguez.
El nuevo entorno regulatorio plantea desafíos directos para las áreas legales, de cumplimiento y para la alta dirección. Ya no basta con contar con políticas formales: las organizaciones deben demostrar cómo gestionan los datos, quién accede a ellos, qué controles existen y cómo responden ante incidentes o requerimientos de la autoridad.
“Las empresas enfrentan un escenario en el que la falta de trazabilidad y control puede derivar rápidamente en sanciones, conflictos legales y daños reputacionales. La protección de datos se ha convertido en un componente central de la gestión del riesgo empresarial”, explica el ejecutivo de LemonTech.
En este contexto, el desafío ya no es solo conocer la normativa, sino gestionar, documentar y demostrar el cumplimiento de forma continua. Esta necesidad ha impulsado el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, como el módulo de protección de datos personales de LemonTech, que centraliza evidencias, aporta trazabilidad completa del ciclo de vida de los datos e integra inteligencia artificial, flujos colaborativos y control en tiempo real.
De cara a 2026, la convergencia entre regulación, fiscalización y transformación digital seguirá marcando la agenda de cumplimiento en Chile y Latinoamérica. En este escenario, la protección de datos personales deja de ser solo una obligación legal para convertirse en una variable estratégica del negocio.
