A pocas horas de que la Corte Suprema revise la apelación presentada por la diputada Catalina Pérez para evitar su desafuero.
Parlamentarios de oposición han exigido que se decrete prisión preventiva en su contra.
Argumentando que los hechos ameritan una señal clara de que la justicia no debe ceder ante presiones políticas ni privilegios indebidos.
Los diputados Roberto Arroyo, María Luisa Cordero, Catalina Del Real y Karen Medina recalcaron la necesidad de que la justicia actúe con firmeza y transparencia.
Ante hechos que, de confirmarse, constituyen uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.
La audiencia fue fijada para este lunes 7 de abril a las 14:00 horas, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidiera por unanimidad aprobar el desafuero de Pérez en febrero pasado, en el contexto del denominado Caso Democracia Viva.
Según la Fiscalía, la diputada Pérez habría facilitado convenios irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva dirigida por su expareja, Daniel Andradelo que permitió el traspaso de fondos públicos a una entidad sin los requisitos legales para ello, configurando un presunto fraude al Fisco.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) señaló: “Espero que la justicia demuestre su independencia respecto de los poderes políticos y gobiernos de turno. Nadie está por sobre la ley. Si la Corte Suprema encuentra fundamentos suficientes para llevar a juicio a Catalina Pérez, debe mantener firme su desafuero. La ciudadanía exige transparencia y consecuencias reales para quienes cruzan los límites legales.”
Por su parte, la parlamentaria Catalina Del Real (REP) expresó: “Cuando el poder se corrompe, la sociedad entera paga el precio. Catalina Pérez utilizó su posición para desviar recursos públicos que estaban destinados a los más vulnerables. La prisión preventiva, más que un castigo, es un mensaje: la política no es refugio para la impunidad ni la ambición personal.”
Desde la región del Biobío, la congresista Karen Medina (DC-Independiente) fue categórica: “El servicio público exige probidad y compromiso. Cuando una diputada usa el aparato estatal para beneficios personales, traiciona la confianza de todo un país. Catalina Pérez arriesgó el destino de fondos destinados a transformar vidas. Su situación judicial es consecuencia directa de su actuar, que ha desafiado tanto la ética como la ley.”
Finalmente, la legisladora María Luisa Cordero afirmó: “No se puede permitir que quienes acceden al poder se sientan por encima de las normas que sostienen nuestra democracia. Catalina Pérez optó por el engaño y la deslealtad. Su prisión preventiva es un recordatorio de que la corrupción tiene un costo y que nadie está exento de enfrentar a la justicia cuando se pone en riesgo el bienestar de toda la ciudadanía.”
