Legaltech, nuevas normativas, judicialización y cumplimiento regulatorio marcan el escenario que enfrentarán empresas y estudios jurídicos en 2026. El aumento de la fiscalización, la entrada en vigencia de leyes más exigentes y una mayor presión sobre la gestión de riesgos están transformando la forma en que se administran causas judiciales, plazos y obligaciones legales, posicionando a la tecnología legal como una herramienta estratégica.
El año en curso se perfila como un punto de inflexión para las áreas legales, de cumplimiento y recursos humanos en Chile. La combinación de nuevas normativas, mayores niveles de control por parte de los organismos fiscalizadores y un aumento sostenido de la judicialización está elevando la carga operativa sobre las organizaciones, que deben responder con mayor rapidez, trazabilidad y capacidad de gestión.
Uno de los principales hitos regulatorios es la entrada en vigencia gradual de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que eleva los estándares para el tratamiento de información sensible. La normativa obliga a las empresas a documentar flujos internos, resguardar accesos, mantener trazabilidad y responder oportunamente ante requerimientos de la autoridad, lo que para muchas organizaciones implica abandonar procesos manuales y avanzar hacia sistemas digitales centralizados.
En este contexto, Lautaro Rodríguez, CEO de LemonTech, señala que las áreas legales están evolucionando hacia un rol estratégico dentro de las organizaciones. Destaca que hoy resulta clave anticiparse a los riesgos, contar con información confiable y disponer de herramientas que permitan una gestión preventiva, dejando atrás modelos reactivos basados en la urgencia y la dispersión de datos.
A este escenario se suma la implementación de la Ley Karin, que ha modificado de manera profunda la forma en que las empresas deben abordar denuncias por acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Más allá de la existencia de protocolos, la normativa exige evidencia concreta de gestión, incluyendo plazos, registros, seguimiento de casos y respaldo de cada acción realizada, lo que ha incrementado tanto la judicialización laboral como la carga administrativa.
Durante 2026, las empresas también enfrentan un mayor control por parte de organismos como la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero, junto con una creciente presión por cumplir estándares ESG, especialmente en sus dimensiones social y de gobernanza. En este escenario, la correcta gestión de conflictos laborales, causas judiciales y obligaciones regulatorias se vuelve clave no solo para evitar sanciones, sino también para proteger la reputación corporativa y la sostenibilidad del negocio.
Frente a este panorama, el legaltech está consolidándose como un aliado estratégico. Soluciones de gestión de causas, automatización de tareas, control de plazos, analítica legal e inteligencia artificial permiten ordenar grandes volúmenes de información, anticipar contingencias legales y responder con mayor eficiencia a un entorno normativo cada vez más exigente.
Desde LemonTech indican que un número creciente de organizaciones está incorporando plataformas que permiten centralizar la gestión judicial, automatizar flujos operativos y detectar patrones de riesgo y vencimientos críticos, una tendencia que se profundizará durante 2026 a medida que aumenten las exigencias legales y la presión sobre las áreas jurídicas.
