La normativa aumenta las multas hasta 200 UTM y establece sanciones para conductores, intermediarios y pasajeros. El objetivo es fortalecer la seguridad, prevenir estafas y promover el uso de transporte autorizado en los principales terminales aéreos del país.

Comienza a regir la nueva ley que endurece las sanciones contra el transporte informal en los aeropuertos del país, una medida impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para elevar la seguridad de los usuarios y ordenar el funcionamiento de los terminales con mayor flujo turístico de Chile.

La iniciativa, presentada al Congreso en mayo de 2025 y aprobada en menos de cinco meses, modifica la Ley N° 19.040 y aumenta las multas para quienes operen o intermedien servicios de transporte sin autorización. También sanciona a pasajeros que contraten servicios ilegales fuera de los mecanismos oficiales de los aeropuertos.

Según la nueva normativa, los conductores y propietarios de vehículos no habilitados arriesgan multas de 5 a 100 UTM, y hasta 200 UTM en caso de reincidencia. Los intermediarios que gestionen viajes ilegales pueden ser sancionados con entre 5 y 50 UTM. Además, los pasajeros que contraten conscientemente estos servicios enfrentarán multas de 1 a 3 UTM.

“Nos alegra enormemente la celeridad con la que este proyecto avanzó en el Congreso. Esta ley fortalece la seguridad en nuestros terminales aéreos, que son la puerta de entrada al país para miles de personas”, señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

El subsecretario (s) de Turismo, Leonardo Latorre, agregó que “el 44% de los visitantes llega a Chile por vía aérea, por lo que esta ley permite fortalecer el transporte oficial y entregar mayor certidumbre a turistas nacionales y extranjeros”.

Nuevas medidas y mayor orden en los aeropuertos

La ley también contempla el retiro del vehículo en casos de reincidencia o infracciones graves, con el fin de desincentivar la continuidad del transporte informal en los principales puntos de ingreso al país.

Asimismo, establece que la contratación de transporte debe realizarse únicamente en counters oficiales dentro de los terminales, y que el pago debe efectuarse antes del viaje para garantizar seguridad, precios claros y operadores autorizados.

Esta disposición se alinea con la reciente implementación del sistema de cobro anticipado para taxis oficiales en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que a través del Validador Operacional de Transporte (VOT) permite conocer el valor del viaje antes de abordarlo.

“El pago anticipado mejora la experiencia y refuerza la confianza de los pasajeros. Implementamos el VOT porque la transparencia en el transporte oficial es clave en un aeropuerto internacional”, sostuvo Nicolás Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile.

Desde su puesta en marcha en junio, cerca de 17 mil pasajeros ya han utilizado este sistema, reduciendo el riesgo de cobros indebidos y aumentando la claridad tarifaria.

Fiscalización más robusta y apoyo del sector turístico

La ley forma parte de un conjunto de medidas del MTT para combatir la informalidad y promover una competencia justa entre operadores autorizados. También entrega nuevas herramientas de fiscalización a Carabineros.

“El llamado es a que empresas y pasajeros cumplan la normativa. Mantendremos presencia activa en el aeropuerto para fiscalizar su cumplimiento”, señaló el general Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

Desde el sector turístico, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, valoró la nueva ley como un avance para la competitividad del país.

“La primera experiencia del turista ocurre en el aeropuerto. Necesitamos que sea ordenada y transparente. Esta ley ayuda a mejorar esa experiencia y a fortalecer la seguridad de quienes nos visitan”, afirmó.

Un estándar internacional para la seguridad del transporte

Con la aprobación de esta ley, Chile se alinea con la tendencia global de reforzar el control y la regulación del transporte de pasajeros en aeropuertos, abordando prácticas informales que pueden derivar en estafas, cobros abusivos o riesgos para la seguridad.

La nueva normativa consolida un marco regulatorio más estricto, promueve el uso de transporte oficial y mejora la experiencia de viaje tanto para turistas extranjeros como para pasajeros nacionales.