Cada 8 de marzo hablamos de brechas salariales, participación política y corresponsabilidad. Y es necesario. Pero hay una desigualdad que suele quedar fuera de la conversación pública: la que viven las mujeres con discapacidad. Una brecha dentro de otra brecha. Una exclusión que se multiplica.
En Chile, más de 2,7 millones de personas adultas viven con discapacidad, lo que representa el 17,6% de la población adulta. De ese total, el 21,9% corresponde a mujeres y el 13,1% a hombres, lo que demuestra que la discapacidad en Chile tiene un rostro mayoritariamente femenino.
Sin embargo, cuando se diseñan políticas públicas de género rara vez se incorpora esta dimensión, y cuando se habla de discapacidad pocas veces se aborda desde el enfoque de género.
Las cifras son claras. Solo el 36% de las mujeres con discapacidad participa del empleo, frente al 45% de los hombres con discapacidad. Si ya sabemos que las mujeres sin discapacidad enfrentan menores tasas de participación laboral que los hombres, en el caso de la discapacidad la desventaja es aún mayor. No solo enfrentan prejuicios por ser mujeres, sino también por su condición, siendo muchas veces vistas como dependientes, frágiles o incapaces de asumir responsabilidades laborales.
Lo más preocupante es que muchas veces esta discriminación comienza dentro de las propias familias. En lugar de incentivar la autonomía laboral, a muchas mujeres con discapacidad se les asigna el rol de apoyo doméstico, ayudando en el cuidado de hermanos, en la cocina o en las tareas del hogar. El tradicional rol femenino que durante años las mujeres han buscado transformar, en el mundo de la discapacidad puede llegar a niveles de verdadera caricatura.
La brecha también se refleja en la educación superior. De los más de 2,7 millones de personas adultas con discapacidad en Chile, solo 12.479 están hoy estudiando. Es decir, menos de 1 de cada 200 accede a estudios superiores. En contraste, en la población sin discapacidad 1 de cada 10 personas estudia en la universidad, lo que significa que la probabilidad de acceso es más de 20 veces mayor para quienes no tienen discapacidad. Cuando la inclusión universitaria es excepcional y no estructural, las oportunidades laborales futuras ya parten desde una profunda desigualdad.
A nivel internacional el panorama es similar. Las mujeres con discapacidad enfrentan mayor riesgo de pobreza, menor acceso a empleo formal y una exposición significativamente mayor a violencia de género. En América Latina, diversos estudios han demostrado que la combinación entre género y discapacidad profundiza la exclusión social y económica, especialmente en contextos de alta informalidad laboral.
Pero más allá de las cifras existe una dimensión cultural que el país debe enfrentar. Las mujeres con discapacidad han sido históricamente infantilizadas, sobreprotegidas o invisibilizadas. Con frecuencia se cuestiona su autonomía, su capacidad de decisión y su derecho a la maternidad, a la sexualidad o al liderazgo. Se habla por ellas, se decide por ellas y se planifica sin ellas.
Por eso, incorporar un enfoque de género en discapacidad no es un gesto simbólico, sino una obligación ética y una condición para el desarrollo de una sociedad verdaderamente inclusiva. Esto implica políticas de empleo con apoyos efectivos, educación inclusiva desde la primera infancia, sistemas de cuidado que no recaigan exclusivamente en las mujeres y marcos normativos que reconozcan la interseccionalidad de las desigualdades.
También implica escuchar e incorporar activamente a mujeres con discapacidad en los espacios de decisión, en directorios, organizaciones y en el diseño de políticas públicas. No como beneficiarias pasivas, sino como protagonistas de los cambios.
Desde Fundación Tacal hemos comprobado que cuando existen apoyos adecuados, ajustes razonables y oportunidades reales, las mujeres con discapacidad no solo participan: lideran, innovan y transforman entornos laborales completos. La inclusión no es caridad; es inteligencia social y económica.
Este 8 de marzo no basta con hablar de igualdad en abstracto. Si queremos una sociedad verdaderamente inclusiva, debemos mirar donde la desigualdad es más profunda. Las mujeres con discapacidad no pueden seguir siendo una nota al pie en la agenda de género.
Porque no hay igualdad posible si dejamos fuera a quienes enfrentan más de una barrera al mismo tiempo.
Andrea Zondek
Fundadora y Presidenta de Fundación Tacal
