El retorno a la presencialidad tras la pandemia instaló con fuerza un tema que hoy atraviesa a todo el sistema educativo: la Ley de convivencia escolar.
Ley de convivencia escolar: En los últimos años, los establecimientos han debido enfrentar un aumento sostenido de situaciones de violencia, acoso y agresión, junto con una creciente dificultad para establecer canales efectivos de comunicación y trabajo colaborativo con las familias. Este escenario se refleja, entre otros indicadores, en el alza de denuncias ante la Superintendencia de Educación y en el desgaste evidente de docentes y equipos directivos, quienes deben responder a exigencias cada vez más complejas.
Educar hoy parece ser una tarea sustancialmente más desafiante que hace una década. Las bases que sostienen una convivencia sana y el bienestar socioemocional de las comunidades educativas se perciben más frágiles y tensionadas, obligando a que el foco del quehacer escolar se desplace progresivamente desde lo estrictamente pedagógico hacia lo formativo, la contención y la gestión de conflictos.
En este contexto se inscribe la reciente aprobación de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, cuyo objetivo es fortalecer la gestión institucional en estas materias. Sin embargo, la legítima intención de la norma convive con una realidad ineludible: muchos establecimientos carecen de los recursos humanos y financieros necesarios para asumir estas nuevas responsabilidades. Dependientes en gran medida de aportes estatales insuficientes, las escuelas enfrentan dificultades para contratar profesionales especializados o capacitar adecuadamente a sus equipos, mientras la normativa incorpora mayores exigencias y sanciones más severas.
El resultado es conocido: profesores, asistentes de la educación y directivos asumen funciones adicionales sin el tiempo ni el apoyo necesario, incrementando una sobrecarga laboral que amenaza la sostenibilidad del sistema.
Es cierto que en la escuela confluyen muchas de las problemáticas sociales contemporáneas. Pero cabe preguntarse si resulta razonable que sea la institución escolar la que deba asumir casi en solitario fenómenos como la violencia, la delincuencia o los problemas de salud mental que afectan a niños, niñas y adolescentes. La reflexión debe extenderse también al rol de otros organismos del Estado —particularmente en los ámbitos de salud, justicia y desarrollo social— y a su capacidad de garantizar tratamientos oportunos y acompañamiento integral.
El punto no es trasladar responsabilidades ni proponer sanciones, sino advertir un riesgo evidente: sin apoyos intersectoriales efectivos, la sobrecarga continuará debilitando a quienes sostienen diariamente la tarea educativa. Fortalecer la convivencia escolar es, sin duda, un desafío país. Y como tal, exige responsabilidades compartidas. A la escuela, lo que le corresponde; al Estado y a la sociedad, el compromiso que no puede seguir postergándose.
