La violencia en las escuelas ha sido objeto de creciente preocupación dentro de la ciudadanía. Agresiones por desregulación emocional, conflictos entre estudiantes y tensiones con docentes o apoderados han aumentado de forma sostenida, evidenciando un contexto social complejo donde la ira comienza a instalarse como una forma de relación individual y colectiva.
Dentro de este escenario, lo ocurrido el 27 de marzo en un establecimiento educacional de Calama representa un hito crítico para el sistema educativo, no solo por la pérdida humana, sino también por el contexto en el que se origina este ataque. La violencia contra docentes y asistentes de la educación muestra un aumento preocupante, con efectos que van desde el ausentismo laboral hasta el abandono de la profesión.
Al analizar antecedentes previos, es posible identificar señales de alerta en el comportamiento digital del agresor, como publicaciones vinculadas a la soledad, el aislamiento y contenidos extremos. A ello se suma la difusión de un video con indicios del ataque horas antes de su ocurrencia, lo que evidencia un patrón que ha sido observado en casos internacionales de violencia premeditada en contextos escolares.
Este tipo de violencia no responde a un impulso momentáneo, sino a procesos más profundos, marcados por una sensación de abandono social, pérdida de sentido de pertenencia y desprecio por la propia vida y la de otros. Se trata de dinámicas que se construyen de manera progresiva y que suelen estar alimentadas por factores externos identificables.
Entre ellos, el aislamiento social y la falta de redes de apoyo cumplen un rol central, reforzados por procesos de radicalización en entornos digitales, donde los algoritmos pueden amplificar el acceso a contenidos extremos. Este fenómeno, conocido como “cámaras de eco”, refuerza discursos de odio, profundiza el aislamiento y valida percepciones negativas del entorno, facilitando la violencia como forma de respuesta.
Este problema no se limita a los espacios escolares. También se vincula al aumento de problemáticas de salud mental en adolescentes y al surgimiento de conductas violentas en distintos contextos, lo que refuerza la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.
Por ello, no basta con respuestas punitivas o centradas exclusivamente en el control, sino que se requiere un enfoque basado en el cuidado, la prevención y el fortalecimiento de la salud mental. La familia, la escuela y el Estado deben asumir un rol activo en la construcción de entornos de apoyo, promoviendo confianza, contención y sentido de pertenencia.
Asimismo, resulta clave fomentar el uso responsable de redes sociales, basado en la autonomía progresiva y en un diálogo abierto que permita identificar conductas de riesgo y activar apoyos oportunos.
La violencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de condiciones que se acumulan en el tiempo, por lo que comprender sus causas es fundamental para prevenir nuevos episodios. Cuando un niño, niña o adolescente se siente protegido y acompañado, la violencia deja de ser una forma válida de relación.
Esta tragedia deja una lección urgente: lo que está en juego no es solo la convivencia escolar, sino la vida de estudiantes, docentes y comunidades educativas completas. Ignorar las señales ya no es una opción.
Sebastián Roa Echeverría
Docente Programa de Pedagogía en Educación Media
Universidad Andrés Bello
Eliseo Lara Órdenes
Docente Investigador DPNAE
Universidad Santo Tomás Tunja, Colombia
