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En ambas reuniones, se analizaron no solo los distintos aspectos del nuevo proceso constitucional y la propuesta de creación de los Tribunales comunales, sino que se dio a conocer la consulta nacional, además de propuestas prácticas de mejora en procedimientos y levantamiento de información.
Dos importantes audiencias sostuvieron esta semana la directiva nacional del Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local del país, con la máxima autoridad de la Corte Suprema como también de la Cámara de Diputados, a quienes se informó de los últimos resultados de la consulta nacional realizada en julio pasado, además de abordar distintas temáticas que afectan a los 379 JPL del país.
Tras la reunión en el ex Congreso Nacional, el vicepresidente Mirko Bonacic-Doric, explicó que en ambas instancias se conversó sobre el nuevo proceso constitucional y la propuesta de creación de los Tribunales comunales, la importancia del despliegue territorial de los JPL, así como los desafíos en materia de coordinación del Estado, por ejemplo, con miras al próximo plebiscito y elecciones populares.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, manifestó que “soy un convencido de que esta judicatura tiene una importancia tremenda en Chile y desagraciadamente no hemos asumido una reforma estructural que permita darle más atribuciones y sobre todo también más competencias y medios para desarrollar su trabajo”.
“Conozco la situación de muchos juzgados que están en una situación increíblemente deteriorada, con escaso personal, muy pocos medios, incluso con problemas de dotación de computadores en muchos lugares, y los jueces con una cantidad de trabajo enorme y cada día con más trabajo, además, con más competencias”, enfatizó Cifuentes.
Economía procesal
Otro de los aspectos tratados en ambos encuentros por el vicepresidente del INJPL tuvo relación con las denuncias del Servicio Electoral dentro del regreso del voto obligatorio.
“La vez anterior, Servel hizo denuncias masivas, sin hacer un filtro previo lo que se tradujo en que una parte importante no podía tramitarse ya que, en ciertos casos, las personas estaban fallecidas, no venían los datos necesarios para su tramitación como el domicilio, entre otros. Eso redundó en una sobrecarga de trabajo para los JPL ya que necesariamente había que hacer el filtro previo”, precisó.
“Creemos que es necesario recordar el deber de coordinación del Estado en el sentido que, previo a la denuncia el SERVEL debería coordinarse con el Servicio de Registro Civil para depurar el padrón y con Carabineros para obtener los datos de aquellas personas que efectivamente presentaron sus constancias de estar a más de 200 kilómetros, para que no sean denunciados por tener una eximente de responsabilidad. Todo esto evita también una sobrecarga de Carabineros, ya que en la mayoría de los casos es dicha institución la que debe soportar la carga de las notificaciones”.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja señaló sobre este tema que “hemos conversado también de cómo hacemos economía procesal para poder resolver el trabajo, no solo de los JPL, sino que también de Carabineros, para que se dediquen a lo importante que es al resguardo de la población más que llevar trámites como procuradores. Entonces hay ámbitos donde podemos avanzar con reformas, no tan estructurales, pero que son muy funcionales respecto de cómo mejoramos la justicia local”.
Finamente, desde el gremio de jueces y secretarios abogados también informaron -tanto a la Corte Suprema como a la Cámara Baja- de la situación que los afecta con la decisión unilateral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) quienes dejaron de recabar información desde el 2021.
“Hace un par de años el INE nos notifica que ya no recibirá información de los JPL, es decir, hoy al año 2022, por ejemplo, no sabemos cuántas causas han ingresado a nivel nacional, por distintos motivos a los JPL”, argumentó Bonacic-Doric.
“Como INJPL tenemos que ver cómo suplimos el trabajo que entendemos le correspondería al INE, y no a nosotros, pero como los jueces debemos informar cada tres meses a las Cortes de Apelaciones, el presidente de la Corte Suprema nos sugirió realizar una presentación al pleno para ver cómo podemos desde las Cortes obtener esa información que es muy necesaria para los proyectos que se quieran discutir y el presidente de la Cámara también indicó que se ocupará de este caso puntual”, concluyó.
