Fallos recientes permiten acumular indemnizaciones, tutela laboral y compensaciones por daño moral sin tope legal, con montos que ya alcanzan hasta $60 millones solo por este concepto.
La Corte Suprema de Chile ha consolidado un nuevo criterio en materia laboral que está elevando significativamente los costos de despido, al permitir la acumulación de indemnizaciones tradicionales, tutela laboral y compensaciones por daño moral, marcando un cambio estructural en la forma en que los tribunales abordan estos casos. Este escenario redefine los estándares tanto para empleadores como para trabajadores, en un contexto donde la protección de derechos fundamentales adquiere mayor relevancia.
Durante los últimos años, la jurisprudencia laboral ha evolucionado hacia un sistema más amplio de compensaciones, superando la idea de un límite de “hasta 11 sueldos adicionales”. Hoy, los tribunales permiten sumar indemnización por años de servicio, aviso previo, recargos legales, tutela laboral —que puede alcanzar entre seis y once remuneraciones— y, de manera cada vez más relevante, el daño moral.
Este último componente se ha transformado en un factor clave, ya que no tiene un tope legal definido y responde a criterios de afectación personal, como daño a la honra, discriminación o vulneración de derechos fundamentales. Según análisis de Trifolia, buscador legal, la consolidación de este criterio entre 2023 y 2026 explica el aumento sostenido en los montos que fijan los tribunales.
“Hoy las indemnizaciones cumplen múltiples funciones: reparar lo económico, sancionar y compensar el daño moral, lo que permite su acumulación”, explica Javier Ramírez, abogado consultor de la plataforma.
Casos recientes reflejan esta tendencia. Existen sentencias que han superado los $100 millones en compensaciones totales, incluyendo pagos de hasta $60 millones por daño moral, mientras que en la mayoría de los casos este concepto fluctúa entre $5 millones y $15 millones, pudiendo aumentar en situaciones de mayor gravedad.
Otro cambio relevante es la pérdida del carácter definitivo de los finiquitos, ya que la Corte Suprema ha establecido que si estos se firman con reserva de derechos —incluso de forma general—, los trabajadores pueden iniciar acciones legales posteriores, reduciendo su efecto liberatorio.
Este nuevo escenario implica consecuencias directas. Para los trabajadores, se amplían las posibilidades de acceder a compensaciones más altas, mientras que para las empresas aumenta el riesgo jurídico y el costo asociado a despidos mal ejecutados, obligando a reforzar procesos internos y criterios de cumplimiento.
Expertos coinciden en que el daño moral seguirá ganando protagonismo en los juicios laborales, especialmente en casos vinculados a discriminación, salud o reputación, consolidando un cambio de fondo: el costo de un despido ya no se mide solo en años de servicio, sino en el impacto integral que puede generar en tribunales.
