Lo ocurrido en el liceo de Calama no solo es dramático y terrible: es inaceptable. Nunca debimos llegar a este punto. Y, sin embargo, no podemos decir que no lo vimos venir.
La violencia escolar lleva tiempo escalando, sus señales han sido persistentes y, muchas veces, ignoradas. Lo que hoy irrumpe con horror, ayer ya habitaba en los márgenes de nuestras escuelas, en recreos tensos y en silencios que no supimos escuchar.
La reacción institucional no puede limitarse a la indignación. Las autoridades deben actuar con urgencia, gestionando la publicación de la ley de violencia escolar ya aprobada, que permitirá incorporar herramientas como detectores de armas en los establecimientos. No es una solución total, pero sí una señal necesaria en un sistema que hoy carece de resguardos frente a situaciones extremas. Aun así, la evidencia es clara: las políticas centradas solo en la sanción llegan tarde y no resuelven el problema de fondo.
Chile no parte desde cero. Existen normativas, orientaciones y protocolos, pero aquí surge una brecha crítica: la normativa existe, pero su implementación es insuficiente. Los sistemas que logran mejorar la convivencia no lo hacen solo con regulación, sino fortaleciendo el desarrollo docente, el apoyo socioemocional y el liderazgo escolar.
La prevención no puede seguir siendo una promesa. Programas de salud mental han quedado muchas veces en el plano declarativo, y en educación, lo que no se implementa, no existe. Pretender que las escuelas enfrenten solas esta complejidad es, en el fondo, una forma de abandono institucional: se les exige todo, pero no siempre se les entrega lo necesario.
No podemos normalizar que los estudiantes asistan a espacios inseguros. La seguridad debe ser la base del acto educativo, no una excepción. Las familias tienen el derecho de confiar en que sus hijos estarán protegidos en los lugares destinados para aprender.
La ley es necesaria, pero no suficiente. La prevención es urgente y exige voluntad política real. La escuela debe volver a ser refugio, no por decreto, sino por convicción colectiva. Aún estamos a tiempo de reconstruir ese pacto, pero esto requiere asumir que educar es una tarea compartida: de un Estado que llega antes, de comunidades que se involucran, de docentes que sostienen y de familias que cumplen un rol insustituible.
Porque la escuela puede enseñar, pero es en el hogar donde se aprende primero a convivir. Y cuando ese tejido se recompone, la educación deja de resistir y vuelve, por fin, a florecer.
