La creación de una Unidad de Búsqueda y un Banco de Huellas Genéticas marca un paso clave del Estado en materia de verdad, justicia y derecho a la identidad para miles de personas afectadas por adopciones irregulares entre 1950 y 2000.
El Gobierno presentó un conjunto de medidas institucionales para avanzar en la búsqueda de orígenes en casos de adopciones forzadas o irregulares, en el marco del Informe de Recomendaciones de la Mesa Interinstitucional sobre esta materia, documento que consolida un diagnóstico técnico y propone acciones legislativas, administrativas y de coordinación para garantizar verdad, justicia y el derecho a la identidad.
La presentación fue encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de la Niñez y representantes del Poder Judicial, además de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la búsqueda de orígenes y adopciones irregulares.
El canciller Alberto van Klaveren afirmó que el trabajo coordinado del Estado, en diálogo con la sociedad civil y con apoyo de la cooperación internacional, puede abrir caminos de reconocimiento, reparación y reencuentro para las personas afectadas, subrayando que ningún esfuerzo institucional puede revertir el daño causado, pero sí contribuir a procesos de verdad y reparación.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que las medidas presentadas consolidan una respuesta del Estado frente a una problemática de larga data y profundo impacto humano, con el objetivo de contribuir a la reparación de las heridas provocadas por adopciones irregulares o forzadas.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que el derecho a la identidad y a vivir en familia es irrenunciable, enfatizando que las adopciones forzadas representaron una grave vulneración a niños y niñas separados injustamente de sus orígenes, y que el Estado tiene el deber de reconocer, acompañar y garantizar que hechos de esta gravedad no vuelvan a ocurrir.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla relevó que la búsqueda del origen y la identidad no puede seguir siendo una experiencia solitaria, y que la creación de nuevas capacidades institucionales permitirá acompañar de manera permanente estos procesos.
Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la creación de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares en casos de Adopciones Forzadas o Irregulares, que funcionará en la Subsecretaría de Derechos Humanos y comenzará a operar durante el primer semestre del año, con el objetivo de acompañar procesos de búsqueda administrativa y coordinar el trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a información relevante. Asimismo, se anunció la implementación de un Banco de Huellas Genéticas, herramienta científica destinada a apoyar los procesos de identificación y búsqueda, especialmente en casos de alta complejidad.
Estas iniciativas se desarrollarán bajo un modelo de trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal, fortaleciendo la cooperación institucional y estableciendo una ruta de acompañamiento clara y permanente para las personas afectadas por adopciones forzadas o irregulares en Chile.
