Gobernador Claudio Orrego y CDE buscan reforzar estrategia judicial para exigir el pago de pólizas de seguro y recuperar el dinero de programa de suicidio.
El gobernador Claudio Orrego sostuvo una nueva reunión de coordinación con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para avanzar en la estrategia judicial que busca recuperar más de mil millones de pesos del programa “Quédate”.
Iniciativa enfocada en la prevención del suicidio en la Región Metropolitana. El encuentro se realizó junto al presidente (s) del CDE, Rodrigo Quintana, y su equipo litigante.
Durante la jornada, se revisaron los avances en el caso de las pólizas de seguro contratadas por la Fundación ProCultura con la aseguradora ASPOR.
La cual se ha negado desde noviembre de 2023 a pagar las garantías a primer requerimiento.
Estos seguros respaldaban la ejecución del programa, cuyo convenio fue finalizado anticipadamente por incumplimiento de la fundación.
“Entregamos nuevos antecedentes al CDE, que hoy nos representa en dos frentes: el cobro de estas pólizas que, según el artículo 583 del Código de Comercio, deben pagarse sin excusas; y la defensa del rol de la Comisión para el Mercado Financiero, que ya sancionó a ASPOR por este incumplimiento”, explicó el Gobernador Orrego tras la reunión.
El jefe regional también fue enfático en el objetivo de estas acciones: “Lo que buscamos es justicia. Que se devuelvan los mil millones de pesos que pertenecen a los santiaguinos y que necesitamos para seguir impulsando proyectos sociales. No vamos a permitir que se eluda esta responsabilidad. Vamos a recuperar hasta el último peso”.
Cabe recordar que los recursos en cuestión fueron transferidos por el Gobierno de Santiago a la Fundación ProCultura, entidad que no cumplió los términos del convenio.
Por ello, el GORE exigió la restitución de los fondos, respaldados por pólizas de seguro a primer requerimiento contratadas con ASPOR S.A., quien se ha negado reiteradamente a hacer efectivo el pago.
Frente a esta negativa, el CDE ha iniciado acciones judiciales representando al Gobierno Regional ante los tribunales.
Con el fin de garantizar la devolución de los recursos públicos y hacer cumplir las garantías establecidas por ley. La defensa de este caso se ha convertido en un ejemplo clave de la protección del interés público y la transparencia en la gestión regional.
