La diputada Ana María Gazmuri, junto a Confedeprus, impulsa un proyecto que corrige falencias en la implementación de la Ley Karin.
A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la diputada Ana María Gazmuri, junto a dirigentas de la Confederación de Profesionales de la Salud (Confedeprus).
Presentó un proyecto de ley que busca fortalecer su aplicación efectiva en el sector público, con foco en las víctimas de acoso laboral y sexual.
La iniciativa busca corregir obstáculos críticos que hoy impiden el cumplimiento real de la Ley N.º 21.643 en organismos públicos y municipios.
Entre ellos, destacan la falta de fiscales especializados, la ausencia de protocolos estandarizados, la lentitud en las investigaciones y la escasez de apoyo médico y psicológico para las víctimas.
“Sabemos que la Ley Karin fue un paso histórico en materia de derechos laborales. Costó mucho sacarla adelante y representa una lucha colectiva liderada por muchas mujeres y trabajadores. Pero hoy vemos una violencia más extendida e invisibilizada de lo que imaginamos, y un Estado que, por omisión, sigue siendo cómplice”, afirmó la diputada Gazmuri.
La parlamentaria enfatizó que este nuevo proyecto apunta a garantizar que las denuncias se tramiten de forma seria y rápida, asegurando respaldo institucional real para quienes sufren acoso. “El objetivo es que nadie quede desprotegido. El Estado debe dejar de mirar hacia el lado”, agregó.
Claves del proyecto de ley
La propuesta legislativa incluye modificaciones al Código del Trabajo, al Estatuto Administrativo y a leyes que rigen la administración pública. Entre sus principales medidas, contempla:
Designación de fiscales ad hoc para investigaciones en servicios públicos.
Reconocimiento del tiempo con licencia médica como trabajado efectivamente.
Entrega obligatoria de atención médica y psicológica a las víctimas.
Participación obligatoria de gremios y asociaciones de funcionarios en la elaboración de protocolos internos.
Posibilidad de crear oficinas para la protección de derechos laborales fundamentales.
Apoyo del sector salud
Desde la Confedeprus, Emilia Iturriaga, encargada de la Unidad de Género y Diversidad, valoró el avance legislativo y recalcó la necesidad de fortalecer la implementación de la Ley Karin:
“Hoy somos el segundo sector más afectado por el acoso laboral y sexual. Este proyecto recoge nuestras demandas y promueve una participación activa de los gremios, que debe ser obligatoria. No podemos seguir siendo testigos de casos sin respuesta ni apoyo institucional”.
Iturriaga también insistió en la necesidad de reinstaurar la inhabilidad por cinco años para funcionarios destituidos por acoso o agresión sexual, así como la creación de oficinas de seguimiento que protejan derechos laborales en todos los niveles del Estado.
“Las y los trabajadores públicos enfrentamos también violencia externa. Pedimos que esta lucha se visibilice, porque somos miles quienes cada día cumplimos con compromiso una labor clave para el país”, concluyó.
Con este nuevo impulso, la Ley Karin podría transformarse no solo en una norma simbólica, sino en una herramienta concreta para erradicar el acoso en el sector público y garantizar justicia, acompañamiento y reparación efectiva para las víctimas.
