El Departamento del Área Estudios de Fundación TACAL, organización dedicada hace 40 años a la formación laboral de personas con discapacidad, realizó un exhaustivo análisis de los compromisos de las ocho candidaturas presidenciales según seis dimensiones clave para el desarrollo establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Sorprende que no se mencionen con fuerza los programas de inclusión en colegios, accesibilidad, transporte, salud mental ni una postura frente a la legislación de inclusión laboral”, concluye.
Los programas presidenciales de los ocho aspirantes a La Moneda fueron revisados en detalle por el Área de Estudios de Fundación TACAL, a la luz de seis dimensiones para el desarrollo que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y ratificada por Chile: trabajo, salud, educación, protección social, cultura y deporte.
El objetivo fue determinar si la inclusión de las personas con discapacidad se plantea como una política de Estado o como un conjunto de promesas aisladas. “El enfoque de la Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud nos recuerda que la discapacidad también la genera el entorno, sobre todo uno que excluye”, señala Francisco González, jefe del Área de Estudios.
La revisión se realizó a partir de los programas de gobierno publicados en el sitio del SERVEL el 30 de octubre, y de los disponibles en las páginas web de los candidatos al 20 del mismo mes. A diferencia de otros análisis difundidos en medios y redes sociales, TACAL no consideró entrevistas ni declaraciones en debates, sino únicamente los programas y su relación con las seis dimensiones definidas.
En cuanto a la cobertura, los programas de Jara, Kast, Matthei y Kaiser, hacen referencia a estas seis dimensiones. En el caso de Mayne- Nicholls hace referencia a tres (protección social, trabajo y deporte), Artés y Enríquez- Ominami en dos (Trabajo y protección social; educación y salud, respectivamente) y Parisi en uno (salud).
Para González la debilidad va más allá del número de páginas dedicadas a la inclusión “existen diferencias entre las propuestas programáticas: unas abordan dimensiones que otros no mencionan, sin embargo, en todos falta una estrategia para hacerse cargo de la brecha que existe entre un marco legal relativamente robusto y una implementación débil de éste. No apuntan a transformar los derechos consagrados en realidades tangibles para las personas con discapacidad”.
Candidatos bajo la lupa
Jeannette Jara, propone en trabajo la creación de un sistema nacional de formación e inclusión y de una agencia nacional de empleo que integre SENCE, ChileValora, la BNE y las OMIL, con el fin de “fortalecer la oferta de formación y capacitación laboral para personas con discapacidad”.
En salud, plantea la “evaluación obligatoria de irrecuperabilidad al año de licencia y la automatización de la gestión de las COMPIN” para pagos en 30 días, además de “horas médicas protegidas” para tramitar la credencial de discapacidad.
En protección social, vincula estos cambios con un sistema nacional de cuidados que combine apoyos, certificación, empleo, salud, continuidad educativa y formación para cuidadoras, y reemplaza el régimen de interdicción por “un régimen de apoyos para la autonomía”.
En educación, propone un plan nacional de discapacidad para la niñez y adolescencia con centros de recursos inclusivos e incorpora medidas para la inclusión de personas con trastorno del espectro autista (TEA) en la educación superior. En cultura y deporte, compromete “una cultura deportiva transversal, inclusiva y accesible para todos”, junto con el fortalecimiento de TeamParaChile y de las federaciones paralímpicas.
Siguiendo con el área deportiva, en el programa de Evelyn Matthei, se propone “una cultura deportiva transversal, inclusiva y accesible para todos” y la expansión del apoyo a deportistas convencionales y paralímpicos, junto con la creación del sistema de academias mencionado.
En trabajo, considera un enfoque especial en la creación de empleos para personas con discapacidad, aunque sin detallar planes para desarrollarlo. En salud, plantea agilizar las gestiones del SENADIS para reducir tiempos de espera y fortalecer programas de rehabilitación.
En protección social, sugiere adaptar los subsidios de mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y adultos mayores. En educación, propone crear centros de apoyo para estudiantes neurodivergentes y reformular el SENCE para alinear la oferta de capacitación con las demandas del mercado laboral.
José Antonio Kast estructura su propuesta en torno a la triada prevención–rehabilitación–cuidados, con énfasis en las personas mayores. Para esto destaca su “Plan Zero” que aborda la salud pública de manera general, aborda el diagnóstico precoz, señalando que la atención temprana evita discapacidades y complicaciones crónicas, aunque no se refiere específicamente a las personas con discapacidad. También incluye el “Plan Generación Dorada”, un programa nacional centrado en el envejecimiento activo que incluye la formación de cuidadores destinado a convertir esa capacitación en una herramienta efectiva de apoyo y dignificación.
Además, plantea la flexibilidad curricular en los establecimientos educativos, de manera que los estudiantes aprendan de acuerdo a su propio ritmo más que a su edad. En materia de cultura y deporte promueve la integración de personas con discapacidad en diferentes actividades, sin detallarlas.
Johannes Kaiser enfoca su programa en rebajas económicas y focalización social: reducción del IVA en equipos médicos y productos básicos, priorización de familias con personas con discapacidad, creación de centros de apoyo para estudiantes neurodivergentes, flexibilidad curricular y propuestas de capacitación, y reconversión laboral.
En materia de trabajo señala que “los discapacitados autovalentes recibirán capacitación y desarrollo en habilidades de alta empleabilidad y rápida formación (programación computacional e inglés, por ejemplo) para integrarse a la vida laboral con énfasis en la autorrealización y en el aprovechamiento de sus fortalezas”.
En materia deportiva, incluye la creación del Sistema Nacional de Academias Deportivas en el cual se incluirán a 15 federaciones deportivas.
Eduardo Artés es el único que lleva la discusión al plano constitucional, proponiendo su representación en una asamblea constituyente. Junto con ello, propone la mejora de la pensión de invalidez, asistencia económica las familias que tengan hijos que nazcan o desarrollen alguna discapacidad y selección laboral de acuerdo no solo a la idoneidad sino a las necesidades sociales de los candidatos.
Kaiser y Artés usan indistintamente el término discapacitados y personas con discapacidad en sus programas.
Franco Parisi solo vincula inclusión con salud ocupacional. Plantea una guía clínica nacional para fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, con diagnóstico, manejo interdisciplinario y seguimiento, “para reducir jubilaciones por invalidez y abandono laboral precoz”.
Marco Enríquez-Ominami en la última versión de su programa incorpora referencias a salud y educación: propone la contratación de mil nuevos profesionales en salud psiquiátrica para la red pública -lo que podría beneficiar a personas con discapacidades cognitivas- y la actualización curricular anual de profesores en materias de inclusión.
Harold Mayne-Nicholls centra la inclusión en la inserción laboral, proponiendo ampliar los cupos del sector público más allá del mínimo legal y entregar incentivos al sector privado para mejorar la aplicación de la ley de inclusión. Propone mejorar la pensión por invalidez para garantizar ingresos dignos y difundir deportes paralímpicos como parte de la parrilla de TVN.
Seguimos al debe
Francisco González concluye que tras la revisión de los programas se identifica que “sorprende que no se mencionen con fuerza los programas de inclusión en colegios, la accesibilidad, el transporte, la salud mental ni una postura frente a la legislación de inclusión laboral. Este es punto es realmente importante considerando que hoy en Chile solo dos de cada cinco empresas cumple con la legislación de incluir a personas con discapacidad”.
Para Andrea Zondek, presidenta de TACAL el diagnóstico obliga a elevar el estándar: “En el debate radial de esta semana, ninguno de los candidatos ni periodistas se refirieron a la inclusión de personas con discapacidad. En tiempos de definiciones políticas, medir la inclusión no es un gesto simbólico: es un indicador de madurez democrática y de visión de país. Chile debe pasar de la inclusión declarativa a la inclusión estructural, con participación de las propias personas con discapacidad y compromiso interministerial que trascienda gobiernos”.
