Fraudes digitales, comercio electrónico y derechos del consumidor: académico UNAB advierte sobre riesgos, prácticas abusivas y errores frecuentes al comprar online.
El aumento sostenido de las compras por Internet en Chile ha ido acompañado de un preocupante crecimiento de los fraudes digitales, especialmente en períodos de alta demanda como Navidad y Año Nuevo. Frente a este escenario, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y experto en derechos del consumidor, César Vargas Rojas, entregó recomendaciones clave para evitar estafas y ejercer adecuadamente las garantías que contempla la legislación chilena.
Según datos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), cerca del 12% de las ventas anuales del comercio se concentraron entre Navidad y Año Nuevo de 2025, período en el que 5 de cada 10 consumidores combinaron compras presenciales con transacciones online. A ello se suma un informe de la firma internacional de ciberseguridad Kaspersky, que reveló que un 27% de los consumidores latinoamericanos ha perdido hasta US$500 producto de fraudes en compras por Internet.
Principales riesgos al comprar online
De acuerdo con Vargas Rojas, uno de los principales problemas del comercio electrónico es la asimetría entre proveedores y consumidores, propia de los contratos de adhesión. A esto se suman deficiencias en la entrega de información clara, veraz y oportuna, lo que dificulta la correcta toma de decisiones y el ejercicio efectivo de derechos.
“También es posible detectar prácticas abusivas, como la falta de visibilidad de los canales de comunicación necesarios para ejercer la garantía legal, especialmente en materia de reparación técnica”, advierte el académico.
Desde el punto de vista tecnológico, el experto señala riesgos asociados a la suplantación de identidad, estafas digitales, vulneración de datos personales y bancarios, así como errores en los sistemas de pago que pueden generar cobros indebidos o duplicados.
Derechos garantizados en compras online en Chile
El especialista recuerda que todas las compras por Internet en Chile están protegidas por la Ley N°19.496, que resguarda, entre otros, los siguientes derechos:
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Información veraz y oportuna sobre características del producto, precios, despacho y plazos.
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Identificación clara del proveedor.
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Garantía legal, que contempla cambio, reparación o devolución.
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Respeto de las condiciones publicitadas.
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Derecho a retracto, cuando corresponda.
No obstante, Vargas Rojas aclara que el derecho a retracto tiene exclusiones, como productos personalizados, bienes perecibles o artículos de uso personal e higiene sellados, salvo que el comercio ofrezca políticas de cambio adicionales.
¿Cuándo responde el comercio por un fraude?
El comercio está obligado a responder cuando el fraude ocurre dentro de una relación de consumo y existe un incumplimiento del deber de seguridad, información o diligencia, especialmente en plataformas de pago.
En este contexto, la Ley N°20.009 establece que el consumidor no debe asumir cargos que no le sean imputables, siempre que haya dado aviso oportuno. La responsabilidad puede excluirse solo cuando el fraude se origina en una conducta negligente del propio consumidor, como compartir claves o datos bancarios.
Errores frecuentes y cómo actuar ante un fraude
Uno de los errores más comunes, según el académico, es no avisar de inmediato a la entidad financiera o proveedor del medio de pago.
“El aviso oportuno es clave, ya que las operaciones posteriores al bloqueo pasan a ser responsabilidad del proveedor”, enfatiza.
Ante una compra irregular o fraude, el paso a paso recomendado es:
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Dar aviso inmediato al banco o institución financiera por los canales formales.
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Solicitar comprobante de bloqueo de los medios de pago.
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Seguir el procedimiento de restitución de fondos indicado por la entidad.
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Realizar la denuncia ante el Ministerio Público.
Prácticas abusivas más frecuentes
Entre las conductas más habituales en el comercio electrónico chileno, Vargas Rojas identifica:
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Falta de información clara y oportuna.
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Omisión de las condiciones generales de contratación.
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Cobros adicionales no informados durante el proceso de compra.
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Políticas abusivas que limitan derechos del consumidor.
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Dificultades para acceder a la garantía legal, especialmente en servicios de reparación.
